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Portugal reta a la UE usando su veto contra Telefónica

La junta de accionistas de PT aprueba la oferta de 7.150 millones por Vivo, pero el Gobierno de Sócrates esgrime la acción de oro

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El Gobierno portugués anuló ayer, en cuestión de minutos, 55 días de guerra empresarial sin cuartel, la decisión de una junta de accionistas internacionales y siete años de esfuerzos de las autoridades portuguesas para convencer a la Comisión Europea de no tener más que buenas intenciones. Eso es lo que provocó ayer, al menos temporalmente, el Ejecutivo de Portugal al desenfundar y usar un arma tan legendaria como prohibida en la Unión Europea: la acción de oro (golden share). Este derecho de veto, que el Estado luso mantiene en Portugal Telecom contra la opinión de Bruselas, fue ayer su último recurso para intentar evitar que Telefónica se haga con el 100% de la mejor operadora de móvil de Brasil, Vivo, cuyo control comparten españoles y portugueses.

Contra todo pronóstico, la junta de accionistas de PT dio ayer por abrumadora mayoría el visto bueno a la oferta de 7.150 millones de euros lanzada (y mejorada en dos ocasiones) por Telefónica para hacerse con el 30% de Vivo en manos portuguesas. El 73,9% del capital presente al que se permitió votar aceptó.

Bruselas califica lo ocurrido de 'incompatible» con las normas de la UE

A pesar de que el Gobierno de José Sócrates había llamado al orden a los accionistas portugueses para que votaran contra la proposición de la española, la última oferta de Telefónica enviada minutos después de que España sacase a Portugal del Mundial de Suráfrica y horas antes de la junta fue suficiente para contrarrestar la orden.

Dos de los principales accionistas lusos de PT, el Banco Espirito Santo (BES) y Ongoing, cedieron a la tentación del pájaro en mano. Su decisión de votar a favor fue definitiva. Horas después de la junta la deserción se hacía más patente. El presidente del BES, Ricardo Salgado, declaraba en rueda de prensa su confianza en que Telefónica mantenga su oferta (mientras se resuelve la legalidad de lo ocurrido), al tiempo que reconocía la posibilidad de abandonar PT, donde cuenta con un 7,99% , debido a las nuevas exigencias de capital que se van a imponer a los bancos. Telefónica confirmaba anoche que mantiene su oferta hasta el próximo 16 de julio tras calificar de ilegal, por ir contra el derecho comunitario, la actuación de Portugal.

El Tribunal de Luxemburgo podría sancionar a Portugal el día 8

Las jugadas dudosas se han sucedido en las últimas semanas para desequilibrar la balanza del voto en la junta, muy igualada hasta la última oferta. Telefónica vendía la mayoría de su participación en PT (un 8%) ante la más que probable prohibición de que ejerciera su derecho de voto por el conflicto de intereses. El árbitro bursátil portugués (la CMVM) consideraba que no era una venta real sino que las acciones se habían aparcado temporalmente para que otros votasen por Telefónica. Por este motivo, los derechos de voto de las acciones que le quedan a la española, así como las de Generali y Mediobanca (a cuyas manos considera la CMVM que han ido a parar los títulos traspasados), eran anulados con la junta ya constituida; es decir, cuando se sabía qué porcentaje del capital estaba presente o representado (68,7%).

Como toda esta estrategia no funcionó, Portugal usó la acción de oro. Tras el voto de las acciones ordinarias, el Gobierno emitía el voto de sus títulos especiales (con capacidad de veto sobre decisiones como la venta de activos) para oponerse a la oferta y dar la vuelta al resultado: 'El presidente del consejo anuncia que la oferta de Telefónica por la participación de PT (en Vivo) ha sido rechazada por la junta', diría el comunicado a la CMVM. El propio consejo de PT se mostró en contra de la decisión, que equivalía a anular la soberanía de los accionistas.

Dos accionistas lusos se desmarcan del Gobierno y dan el sí a Telefónica

La Comisión Europea, que encabeza el ex primer ministro portugués José Manuel Durao Barroso (que no quitó la acción de oro durante su mandato), hizo público ayer que han 'tomado nota de las últimas informaciones que apuntan a que el Gobierno portugués ha reactivado el uso de la golden share'. La Comisión, a través de un comunicado de la cartera de Mercado Interior que dirige Michel Barnier, manifestó que 'la acción de oro es incompatible con la legislación europea' y que constituye 'una restricción injustificable de los movimientos de capital'.

El próximo 8 de julio, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo se pronunciará precisamente sobre el recurso de la Comisión contra Portugal por mantener la acción de oro. El país ha utilizado como defensa en varias ocasiones que nunca la había utilizado.

Santander. Batalla en Portugal

La alianza entre el Banco Santander Central Hispano y el grupo financiero portugués de Antonio Champalimaud fue vetada por el Gobierno luso. Pero la Comisión Europea la autorizó y en noviembre de 1999 el entonces BSCH compró Totta y Azores y Crédito Predial.

Ferrovial. Compra en Reino Unido

Tras conocerse en febrero de 2006 que la constructora Ferrovial quería comprar BAA, la empresa de los principales aeropuertos británicos, el Gobierno de Reino Unido puso a trabajar a los organismos de Competencia. Antes incluso de adquirirla, Ferrovial ya recibió la amenaza de un expediente para investigar la posición de dominio de BAA. Cuatro años después, la batalla con Competencia aún está en los tribunales . Ahora gana Ferrovial.

Abertis. Fusión frustrada en Italia

La empresa de infraestructuras de La Caixa y ACS y la concesionaria de autopistas de la familia Benetton, Autostrade (hoy Atlantia), acordaron su unión en abril de 2006. Pero el Gobierno de Romano Prodi, que aún no había tomado posesión, lo vio como una operación con nocturnidad y alevosía. Cambió leyes y contratos y logró que Abertis y los Benetton tiraran la toalla en diciembre de ese año, a pesar de que la UE le abrió expediente a Italia.

Sacyr. Dos años en Francia

También en 2006, la constructora Sacyr desembarcó en la rival francesa Eiffage. Pero el patriotismo económico galo y la oposición frontal del presidente de Eiffage, Jean-François Roverato, hicieron imposible que la española entrara en el consejo pese a tener el 33% y a dos años de batalla. El Gobierno español tuvo que mediar para que Sacyr tuviera una salida medianamente digna.