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La postura de Camp y Dívar condicionan el pronunciamiento del CGPJ en el aborto

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El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debate hoy el informe aprobado por la Comisión de Estudios sobre la ley del aborto, cuya votación se verá condicionada por la posición que adopten el presidente de este órgano, Carlos Dívar, y el vocal nombrado a propuesta de CiU, Ramon Camp.

Para la aprobación definitiva del texto el voto de Camp es decisivo, según fuentes del órgano de gobierno de los jueces, ya que previsiblemente contará con el respaldo de los 9 vocales elegidos a propuesta del PSOE y Margarita Uría (del PNV y ponente del dictamen), y votarán en contra los 9 designados por el PP y el presidente del CGPJ.

El informe redactado por Uría considera que el anteproyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo es constitucional, aunque incluye algunas recomendaciones al Gobierno, como que se reconozca el derecho de los padres a ser informados de que sus hijas menores de edad van a abortar.

La trascendencia del voto que emita Ramon Camp en la reunión de mañana ha motivado incluso que la plataforma "haceOir.org" haya puesto en marcha una iniciativa en internet para hacer llegar al vocal propuesto por CiU miles de correos electrónicos pidiéndole que vote "en conciencia" y en contra del informe.

Si Camp vota a favor del dictamen de Uría éste se aprobaría por once votos a diez, pero si finalmente se abstiene el resultado sería un empate entre partidarios y contrarios al documento.

En ese caso sería el voto de calidad del presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, el que decidiría, y el informe sería rechazado.

En la sesión plenaria de hoy el CGPJ también se pronunciará sobre el voto particular de los dos vocales del sector conservador que en la reunión de la Comisión de Estudios la semana pasada votaron en contra del texto, Claro José Fernández y Concepción Espejel.

Dicho voto particular incluye el informe elaborado inicialmente por el propio Claro José Fernández, que consideraba inconstitucional la aprobación de un sistema de plazos en el ordenamiento jurídico español, y que ya fue rechazado por la Comisión de Estudios.

Este texto será rechazado si Camp vota en contra, junto con los vocales progresistas y Uría (once votos), frente a los diez votos del sector conservador y de Dívar.

Algunos de los puntos del informe de Uría que han provocado el rechazo de los vocales conservadores del CGPJ se refieren al derecho de la mujer, mayor o menor de 16 años, a decidir por sí misma sobre el aborto en el caso de que "tenga la suficiente capacidad intelectual y emocional para comprender el alcance de la intervención y las consecuencias que se derivan de la misma".

Pese a que aconseja que los padres sean informados de la intervención, el dictamen aclara que pueden darse "circunstancias excepcionales" que fundamenten la "no información en beneficio de la menor".

Cuando el representante legal se oponga a consentir el aborto, se recomienda diseñar un "procedimiento judicial" para autorizar la interrupción del embarazo "siempre que así lo aconsejase el interés de la menor".

En cualquier caso, declara la "inoperatividad" de este consentimiento para garantizar que en los supuestos de inmadurez de la menor de edad "ningún tercero puede sustituir a la mujer en la decisión libre e informada de interrumpir voluntariamente el embarazo (IVE)".