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El PP amplía su querella contra Garzón por un interrogatorio

Reuters

El Partido Popular presentó el martes ante el Tribunal Supremo una ampliación de la querella contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por volver a interrogar a un testigo cuando ya se había inhibido en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia.

En el nuevo texto de la querella, el PP alega que Garzón tomó declaración a Tomás García, sastre del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, el 13 de marzo, cuando ya "había perdido toda competencia, incluso formalmente, de los citados aforados".

Por otro lado, García concedió una entrevista al diario El País publicada el domingo, en la que según los populares, "revelaba buena parte de sus declaraciones ante el Juez instructor".

"Con ello claramente se constata que no se respetó la obligación de abstenerse de realizar nuevas diligencias de instrucción respecto de los aforados por parte del Juez instructor", agregó la querella.

El 25 de febrero el PP se querelló contra el magistrado, instructor del "Caso Gürtel", en el que ha imputado a 43 personas, varios de ellos cargos de los 'populares'. La querella era como presunto autor de un delito de prevaricación y otro contra los derechos individuales de los ciudadanos.

"A pesar de que teóricamente el sr. Garzón Real se había inhibido en relación a los aforados presuntamente implicados, con un empecinamiento digno de mejor causa, se ha demostrado que ha seguido citando a testigos y, al parecer, interrogándolos sobre los hechos remitidos a los Tribunales Superiores de Justicia", sostuvo la querella.

"Eso supone, a juicio de esta parte, una conducta constante y consciente absolutamente contraria a la legalidad establecida, y por lo tanto, que puede incardinarse en los hechos típicos propios del delito de prevaricación", agregó.

Garzón se inhibió después en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia para que decidan si procesan a cinco aforados del PP en las dos comunidades autónomas: tres diputados autonómicos en Madrid; el presidente de la Comunidad Valenciana y el secretario general del PP en esta región, Ricardo Costa.

Garzón afirma que existe una entrada de 420.700 euros "de procedencia desconocida" hacia el PP de Valencia, y ha recogido en su investigación un cuadro de pagos de un informe policial según el cual Camps habría recibido 12.780 euros y Costa 7.325 en especie, por trajes en tiendas de lujo.

La Fiscalía del Tribunal Supremo recomendó la semana pasada el archivo de la querella presentada por el PP contra Garzón al considerar que sus actuaciones no constituyen delito.

COMPARECE CORREA

El presunto cabecilla de la trama de corrupción, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, los tres en prisión, comparecieron de nuevo el martes ante Garzón, según fuentes judiciales.

El magistrado les convocó con el objeto de abrir en su presencia la correspondencia llegada a su nombre desde que entraron en la cárcel hace algo más de un mes acusados de pagar a cargos públicos de Madrid y Valencia para obtener favores empresariales, de acuerdo a las fuentes.

Correa y Crespo, su más estrecho colaborador y ex secretario de Organización del PP en Galicia, están procesados además por blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.

Según el auto de Garzón, la red, que habría constituido sociedades por medio de testaferros que permitieron ocultar la identidad de Correa, se nutría de fondos de entidades públicas, principalmente en Madrid y Valencia, para obtener un beneficio propio.

El PP ha asegurado que la única relación que tenía con esta trama era que su formación contrataba servicios de una de las empresas investigadas.

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