El PP no se da por vencido. Este jueves los populares retomaron en el Congreso su empeño de imponer a los inmigrantes que renueven su permiso de residencia un documento que fije sus deberes y derechos. Tras el rechazo unánime del resto de la Cámara cosechado el pasado junio, los conservadores volvieron ayer a registrar la iniciativa.

Si resulta aprobada -circunstancia improbable, dada la soledad del PP al respecto-, los inmigrantes que cumplan su primer año de residencia deberán comprometerse a aprender el idioma, además de cumplir una serie de cláusulas que según el PP aseguren su 'integración'.

El portavoz adjunto del PP, Alfonso Alonso, justificó no obstante el contrato con argumentos bien distintos. 'Si dices que aquí los inmigrantes gozan de más derechos' que en ningún sitio de Europa, eso provoca un 'efecto llamada', vino a defender Alonso.

En esta ocasión, el contrato no viene solo. La reforma de la Ley de Extranjería registrada por los conservadores en el Congreso contiene varias medidas que prometen ser polémicas. Su propuesta pretende limitar el reagrupamiento familiar de los residentes -'un coladero por la puerta de atrás', a su juicio-, así como aumentar el tiempo de internamiento máximo de los inmigrantes irregulares de 40 a 70 días.

Alonso no ocultó el objetivo del texto: 'Queremos dar un giro de 180 grados a la política migratoria'. El diputado se apoyó en cifras oficiales para pintar el 'caos, descontrol y desbordamiento' que su grupo denuncia en la política del Gobierno.

Para Alonso, la regularización de 2005 ha supuesto sólo la punta de un iceberg que ha llegado hasta este año. Entonces se otorgaron 600.000 tarjetas de residencia; el pasado año, 957.000; y en lo que va de 2008, algo más de medio millón.

Rafael Hernando, portavoz conservador en Inmigración, aprovechó las cifras para recordar que la inmigración sube en el ranking de problemas de los españoles. Hace cuatro años estaba en el puesto noveno de la lista, ahora ha subido hasta el tercero, 'sólo por detrás del paro y la crisis. Por delante incluso del terrorismo', advierte el PP.

Los conservadores achacan al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, el caos de los flujos y le responsabilizan de la premura del PP a la hora de presentar la medida. Según Alonso, el PP no podía 'esperar más tiempo' y los socialistas tienen que emprender ya la reforma anunciada por Corbacho.

Desde el pasado febrero, cuando Rajoy sacó la iniciativa de su chistera electoral, el contrato de integración ha sufrido varias derrotas y una victoria. En primavera, el Gobierno valenciano pondrá en marcha una versión descafeinada. Los inmigrantes accederán a cursos sobre las leyes, las lenguas y la cultura valenciana y española. A quienes los superen, les valdrán en sus “relaciones sociales y jurídicas”.