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El PP defenderá hoy que los profesores sean considerados autoridad pública

El PP considera que su propuesta responde a las peticiones de los sindicatos más representativos

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El Grupo Parlamentario Popular defenderá hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados su proposición de ley para que los profesores y maestros sean considerados autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa ya la propuso en la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, porque considera que en estos momentos la 'autoridad del profesor está a la misma altura que la de los niños'.

En su iniciativa, los populares subrayan que la Ley Orgánica 2/2006 de Educación resalta el papel de los profesores como motor de la actividad de los centros docentes; reconoce la función docente como factor esencial de la educación, y, en su artículo 104, establece que las administraciones educativas velarán por que el profesorado reciba el trato y la consideración acordes con la importancia social de la tarea.

En una nota de prensa, el PP señala que 'este apoyo y reconocimiento han sido reclamados por los sindicatos más representativos del sector, ya que los profesores son la piedra angular' del sistema educativo español, y pone de manifiesto que, pese a ello, 'España es el país de la OCDE donde más ha descendido la valoración social de la educación y de la profesión docente'.

En opinión del PP, 'es una condición indispensable' disponer de un profesorado con autoridad en las aulas y reconocido socialmente para avanzar en un sistema educativo de calidad, y, teniendo en cuenta los casos de violencia escolar que sufren maestros y profesores los populares creen necesario el reconocimiento expreso de su condición de autoridad, que permitirá tipificar estas agresiones como violaciones de los artículos 550 y 551 del Código Penal.

Además, el PP indica que el Ministerio Público aconseja a los fiscales que califiquen de 'atentado contra la autoridad y funcionario público' las agresiones en el ámbito educativo y no sólo el sanitario. Con esta recomendación, interpreta el PP, el fiscal general entiende que 'estas personas prestan un servicio de interés general, puesto a disposición de todos los ciudadanos'.