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El PP elude exigir la dimisión de la alcaldesa de Alicante imputada en un caso de corrupción

Destaca que respeta su presunción de inocencia y le abre un expediente informativo que no concluirá hasta que haya sentencia judicial

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El Partido Popular tiene al menos dos varas de medir la corrupción. En relación al alcalde de Ourense, del PSOE, imputado hace unos días por prevaricación y cohecho, los populares se apresuraron a pedir la cabeza, como hizo el propio Partido Socialista. Tras la imputación este lunes de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, el Partido de Mariano Rajoy ha eludido exigir la renuncia y ha informado de que les abrirá un expediente informativo, que no concluirá hasta que haya sentencia judicial porque se debe respetar la presunción de inocencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha acordado este lunes imputar a Sonia Castedo, y a Luis Díaz Alperi, por delitos de tráfico de influencia, cohecho y revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, dentro del denominado 'caso Brugal'.

El magistrado instructor, Juan Climent ha citado a declarar a ambos dirigentes, que actualmente son diputados autonómicos por el PP, para el próximo 19 de octubre. 

Tras conocerse esta decisión judicial, el PP ha informado que abrirá un expediente informativo a Castedo y Díaz Alperi, según Europa Press. Primero se tendrá que reunir la Comisión de Derechos y Garantías del partido para tomar la decisión de abrir sendos expedientes informativos.

Las citadas fuentes han mostrado su respeto a la presunción de inocencia de los dos imputados y han apuntado que se actuará según marcan los estatutos del partido, que señalan que se abrirá expediente disciplinario a sus afiliados imputados cuando se abra el juicio oral, pero no se fallará ese expediente hasta que se haya producido una sentencia judicial.

El titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante, que inició esta investigación, Manrique Tejada, elevó el pasado 4 de julio una exposición razonada al Tribunal Superior valenciano en la que señalaba que había hallado indicios de delito que justificaban la imputación de Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, ambos diputados en las Corts Valencianes, por su presunta participación en la revisión y modificación del Plan Genereal de Ordenación Urbana de la ciudad, supuestramente para beneficiar a cambio de dádivas al promotor Enrique Ortiz.

Según el primer instructor, los hechos eran susceptibles de ser calificados inicialmente como delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad (artículo 417 del Código Penal), tráfico de influencias (428) y cohecho, sin concretar el tipo penal en esta fase procesal.

El pasado 11 de septiembre, el TSJCV se declaró competente para asumir el caso, y en atención al escrito presentado poco después por Sonia Castedo, --en el que solicitaba ser llamada a declarar con carácter de urgencia--, el magistrado de la sala de lo civil y penal les ha citado a prestar declaración el próximo 19 de octubre.

En la presente providencia, Juan Climent además informa de que, contra esta citación, los afectados pueden interponer recurso de reforma en el plazo de tres días sin necesidad de consignar cantidad alguna, excepción hecha de las acusaciones populares.

El sumario de la ramificación del caso 'Brugal' que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) imputaba inicialmente a un total de 16 personas, entre ellos el promotor Enrique Ortiz y su mujer, que a cambio de dádivas habrían resultado favorecidos con dicha tramitación.

En la causa están imputados también el propio hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo y su socio de Salvetti Abogados y Consultores SL Javier Gutiérrez, además del arquitecto redactor del proyecto de revisión del PGOU, Jesús Quesada.

La práctica totalidad de ellos están imputados por un presunto delito de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, y buena parte además lo están por tráfico de influencias. A Enrique Ortiz y a su esposa, Manuel Carratalá, así como a José Luis Castedo, Javier Gutiérrez, y al empresario Ramón Salvador Águeda les imputa también por cohecho.

La lista de los imputados se completa con el exmiembro de la dirección de CAM, Daniel Gil; los directivos de Bancaja Juan Zurita y José Cortina; el promotor inmobiliario Vicente Pérez; y los empresarios Aurelio González, Ramón Salvador Águeda, José Gregorio, Bernardo Campos, José Juan Climent y José Francisco Javier León, y el letrado Jorge Yacobi Strasser.

  El PP abrirá un expediente informativo a la alcaldesa de Alicante y diputada en las Cortes, Sonia Castedo, y a su predecesor en el cargo y también diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, tras su imputación en el 'caso Brugal', según han informado a Europa Press, fuentes de la formación 'popular'.

   Así, primero se tendrá que reunir la Comisión de Derechos y Garantías para tomar la decisión de abrir sendos expedientes informativos.

   Las citadas fuentes han mostrado su respeto a la presunción de inocencia y han apuntado que se actuará según marcan los estatutos del partido, que señalan que se abrirá expediente disciplinario a sus afiliados imputados cuando se abra el juicio oral, pero no se fallará ese expediente hasta que se haya producido una sentencia judicial.

   Castedo ha sido imputada por los supuestos delitos de revelación información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho; mientras que Díaz Alperi lo ha sido por los supuestos delitos de revelación información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.