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El PP ignora las peticiones de Rouco y no incluye Religión en Bachillerato

Entre las 25 enmiendas que han presentado los populares en el Senado destaca también el retraso de un año de las reválidas en la ESO

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El PP ha presentado hoy en el Senado un total de 25 enmiendas parciales a la reforma educativa, entre las que destaca la que retrasa un año las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, a 2017, y no ha variado la oferta de religión para exigirla en Bachillerato. Respecto a otro de los asuntos polémicos de la norma, el relativo al modelo lingüístico, el PP ha modificado la redacción de la disposición 38.

Las administraciones podrán establecer 'sistemas en los que las asignaturas no lingüísticas se impartan exclusivamente en lengua castellana, en lengua cooficial o en alguna lengua extranjera, siempre que exista oferta alternativa de enseñanza sostenida con fondos públicos en la que se utilice como vehicular cada una de las lenguas cooficiales', recoge la enmienda. Sin embargo, en el texto aprobado en el Congreso se decía en la última frase: '(...) en la que se utilice la lengua castellana como lengua vehicular en una proporción razonable'.

El calendario de implantación del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) se mantiene, tal y como estaba previsto, para 2014-15 para primero, tercero y quinto de Primaria, y para segundo, cuarto y sexto en 2015-16.

Sin embargo, los populares, con mayoría absoluta en la Cámara alta, han modificado el texto aprobado en el Congreso, en lo relativo a ESO, ya que se ha ampliado un año, hasta los cursos escolares 2015-16 y 2016-2017 su implantación para primero y tercero, y para segundo y cuarto, respectivamente.

La evaluación final de ESO, correspondiente a la convocatoria que se realizará en el año 2017 y, como estaba previsto, no tendrá efectos académicos.

El PP también pide que se retrasen un año los cambios previstos en la ley para bachiller, que pasarían para el primer curso en 2015-2016, y para el segundo en 2016-2017. En Bachillerato, la evaluación final será en el caso de que lo apruebe el Senado, en 2017 y no en el curso 2015-16 como estaba fijado. Para FP, los populares abogan por retrasar un año la implantación en los ciclos formativos de grado medio. La Selectividad, por tanto, se mantiene para los alumnos que quieran acceder a la Universidad antes del curso 2017-18.

En cuanto a la Religión, el PP no ha introducido en el Senado ninguna enmienda parcial en la Lomce encaminada a que la asignatura de Religión sea de oferta obligatoria en los centros de enseñanza en Bachillerato, tal y como pedía la Conferencia Episcopal. El portavoz de Educación del PP en la Cámara alta, Luis Peral, ha explicado que 'finalmente' no se ha variado el texto aprobado en el Congreso pero que, en su opinión, la reforma mantiene una 'contradicción'.

En este sentido, ha comentado que en la disposición adicional segunda del texto se afirma: 'La enseñanza de la Religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español (...) se incluirá la Religión católica como área o materia en los niveles educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos'.

El Grupo Popular ha propuesto la ampliación a tres cursos escolares —2014-2015, 2015-2016, 2016-2017— el calendario de implantación de la ley, en lugar de los dos planteados por el Gobierno inicialmente.

Con esta propuesta de modificación, los populares dan respuesta al ofrecimiento del ministro este martes en la Cámara alta de escalonar la puesta en marcha de la reforma educativa, no su entrada en vigor, atendiendo a las demandas de varias comunidades autónomas —incluidas las gobernadas por el PP—, así como de varios grupos parlamentarios. La mayoría pedían cinco años como se estableció para la aplicación de la LOE.

Según este grupo parlamentario, la aplicación de la reforma se realiza de forma más gradual con el fin de 'facilitar' la adaptación de centros, equipos directivos y docentes a la nueva normativa. Además, justifican el cambio alegando que es 'compatible' con la situación presupuestaria de las comunidades autónomas y permite 'diferir' en un año los costes más elevados, como, a su juicio, son los de la ESO.