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El PP ignora sentencias que anulan concesiones a Ulibarri

El alcalde de Ponferrada desoye, entre otros, el fallo contra la adjudicación de suelo para 2.000 viviendas

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El Ayuntamiento de Ponferrada (León), gobernado con mayoría absoluta por el PP, ha hecho caso omiso desde 2007 a cuatro sentencias de concesiones irregulares al empresario José Luis Ulibarri, que mañana comparecerá ante el juez Baltasar Garzón como imputado en el caso Gürtel.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) dictó en 2007 y 2008 dos sentencias firmes que anulan el macroproyecto urbanístico de La Rosaleda, en pleno centro, que tuvo a Ulibarri como principal beneficiario: obtuvo parcelas para hacer 2.000 viviendas a un precio equivalente al 20% del que fijaba el mercado en 2002, cuando se produjo la operación.

El tribunal anula todo el proceso por estar trufado de irregularidades: en una sentencia, niega la recalificación del suelo. En la otra, el pliego de condiciones para las adjudicaciones, por falta de publicidad y concurrencia, como informó el domingo Público.

Sin embargo, las sentencias no se han ejecutado. Y no son las únicas que anulan concesiones o contratos con el empresario, cuyas supuestas comisiones en la compra de suelo para vivienda en Boadilla del Monte (Madrid), gobernada también por el PP, están siendo investigadas por Garzón.

Ni publicidad ni concurrencia

En 2008, los tribunales anularon por irregulares otras dos decisiones del consistorio de Ponferrada que beneficiaban a Ulibarri. Tampoco se han ejecutado. Tanto el Ayuntamiento de Ponferrada, cuyo alcalde, Carlos López Riesco, ocupa un escaño en el Congreso, como el empresario han declinado responder a las preguntas planteadas por Público.

Una de estas sentencias no ejecutadas se convirtió en firme en mayo de 2008, cuando el TSJCYL ratificó un auto de 2007 que anulaba una adjudicación de 2001 justo antes de la concesión irregular de La Rosaleda para construir el auditorio municipal. La demanda fue presentada por el Colegio de Arquitectos de León.

Recalificación ilegal

El fallo es rotundo: de nuevo no hubo publicidad ni, por tanto, concurrencia, con lo que Ulibarri se aseguró la adjudicación. Únicamente se publicaron dos anuncios en la prensa local, recalca el fallo, 'un instrumento de publicidad que no permite el conocimiento por la generalidad de los interesados'.

La adjudicación tuvo otra 'peculiaridad', agrega la sentencia, porque se trataba de un 'contrato mixto, no sólo de obras, sino también de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de obras', con lo que en realidad se juntaron sin publicidad dos adjudicaciones. Los jueces recuerdan que esta mezcla sólo puede darse en ocasiones excepcionales, lo que no era el caso.

La segunda sentencia de 2008 que anula concesiones del Ayuntamiento de Ponferrada a Ulibarri afecta a la recalificación, en 2004, de suelo rústico para que Graveras del Bierzo controlada por el Grupo Begar instalara una planta de hormigón.

La demanda fue presentada por la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP) y, aunque la sentencia se dictó en julio de 2008, tampoco ha tenido repercusión alguna: la planta sigue funcionando con normalidad.

En este caso, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de León estima que la recalificación del suelo no se ajustó a la ley ni tenía justificación: ningún elemento aconsejaba que el suelo dejara de ser considerado rústico, pese a lo cual el Ayuntamiento hizo las modificaciones que le reclamaba Ulibarri. El fallo anula la autorización del Ayuntamiento para instalar la planta y exige 'reponer el suelo a su situación anterior'.