Ni demoliciones ni compensaciones: borrón y cuenta nueva. Así se resumen los postulados del PP andaluz ante la pregunta de qué hacer con la herencia urbanística del gilismo en Marbella: 30.000 viviendas ilegales de las que el nuevo PGOU elaborado por la Junta de Andalucía propone legalizar las 18.000 ya construidas a cambio de que sus promotores o, en su defecto, sus propietarios compensen a la ciudad con 1,8 millones de metros cuadrados para equipamiento y zonas verdes. Otros 752 pisos, en su mitad habitados, y dos hoteles no han pasado el filtro de la amplísima manga ancha diseñada por la Junta con el propósito confeso de calmar las aguas.

Pero el PP quiere más. Ayer, y arropada por el presidente andaluz del PP, Javier Arenas, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, remachó su tesis de que 'los terceros de buena fe' no pueden salir perjudicados. Con 'terceros de buena fe', Muñoz se refiere no a quienes se vieron privados de equipamientos y zonas verdes por el urbanismo salvaje sino a quienes compraron viviendas vetadas por el PGOU de 1986, del que Gil hizo papel mojado.

Amnistía encubierta
Muñoz niega que su equipo esté auspiciando una amnistía urbanística. Pero los hechos hablan por sí solos: con el argumento de que el PGOU está aún en fase inicial y con 8.000 alegaciones ya sobre sus espaldas, el ayuntamiento se niega a continuar el proceso de revisión -declaración de nulidad- de licencias ilegales iniciado por la gestora de Marbella. De hecho, ni siquiera se han revisado los permisos obtenidos mediante soborno por promotores encausados en la Operación Malaya como Fidel San Román o José Ávila Rojas.

¿Es partidaria la alcaldesa de Marbella de derribar aquellos edificios cuya ilegalidad ya han declarado ya los jueces mediante sentencia firme? 'Lo decidirán los jueces, pero los terceros de buena fe tienen muchas cartas en su mano para defender sus derechos'. O sea, tienen cartas para impedir que se ejecuten las sentencias, y también 'sería injusto' hacerles pagar compensaciones.¿Quién debe compensar entonces a la ciudad? Según el PP, la Junta de Andalucía y aquellos promotores que ahora trabajan 'en áreas por desarrollar'.

Las 30.000 viviendas ilegales se construyeron a despecho del PGOU de 1986, el único válido hasta la fecha y que posee rango de reglamento. En otras palabras, no hubo ninguna anotación preventiva en el registro -ausencia esgrimida por el PP- pero los propietarios compraron un bien cuya propia existencia vulneraba la legislación urbanística. 'Y el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento', aduce la abogada Inmaculada Gálvez, que representa a varias comunidades que pleitean para lograr el derribo de las edificaciones ilegales próximas a sus viviendas. 'El PGOU no puede legalizar viviendas que un juez ya ha declarado ilegales', avisa.