Después de la escenificación de unidad contra ETA llevada a cabo el jueves por grupos parlamentarios, sindicatos y patronal en el Congreso, el Partido Popular presentó posteriormente una iniciativa reclamando la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV.

El PP solicitaba también que, en esos municipios, las ayudas correspondientes al plan del Gobierno de 8.000 millones de euros sean transferidas a las diputaciones forales.

Para exigir la disolución de estos ayuntamientos, que el PP espera que se produzca "en el plazo más breve posible", el principal partido de la oposición propone la misma vía que se utilizó para disolver la corporación local de Marbella en su momento.

Según la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santa María, "éste es el momento para proceder a esa disolución", recurriendo a "los mecanismos que tiene el Gobierno y al apoyo del Senado".

Para que esta disolución se produzca, señaló, el Consejo de Ministros debe decidirlo mediante un real decreto que tenga el visto bueno tanto del Senado como de la comunidad autónoma implicada.

En respuesta, el portavoz socialista, José Antonio Alonso, aceptó "explorar todas las vías políticas, jurídicas y legales" para "desalojar de los ayuntamientos a los alcaldes de ANV".

En cuanto a la gestión de las ayudas a los ayuntamientos, Alonso subrayó también la necesidad de "explorar fórmulas para que estas personas no puedan gestionar ningún aspecto de la vida pública municipal".

Como ya hiciera Eusko Alkartasuna el miércoles, la formación Aralar anunció hoy que abandona el gobierno de coalición que mantenía con EA y ANV en el ayuntamiento de Azpeitia después de que su alcalde, Iñaki Errazkin (ANV), se negara a condenar el asesinato cometido por ETA.

El abandono de la coalición por parte de estas dos formaciones deja a ANV en minoría con seis representantes, frente a los ocho del PNV. Sin embargo, ni EA ni Aralar se muestran partidarios de plantear ahora una moción de censura, a pesar de que el PNV necesitaría de un solo voto para sacarla adelante y de que su presidente, Iñigo Urkullu, anunciara este jueves su intención de iniciar contactos con ambos para plantearla.

UNIDAD FRENTE A ETA

Previamente, los grupos parlamentarios, los sindicatos y la patronal se reunieron en la escalinata del Congreso de los Diputados para mostrar la unidad de las fuerzas democráticas contra ETA.

Mediante un comunicado leído por Alonso, condenaron el atentado que un día antes acabó con la vida del empresario vasco Ignacio Uría, cuya empresa trabajaba en la construcción del tren de alta velocidad en Euskadi.

"Queremos hacer explícita nuestra unidad y firmeza frente al terrorismo. Creemos en la libertad y en la democracia consagradas en la Constitución Española", leyó el portavoz socialista. "En ella no cabe la violencia y reiteramos nuestra voluntad de combatir con coraje y fortaleza democrática a la organización terrorista ETA hasta derrotarla definitivamente a través de la fuerza exclusiva del Estado de Derecho".

Las organizaciones políticas y sociales firmantes se dirigieron especialmente a los empresarios y ciudadanos vascos, todos ellos "afectados por este nuevo ataque a la vida y a la libertad, a la tolerancia y al progreso", para trasladarles su apoyo "en el ejercicio de los valores cívicos en la convivencia democrática".

El comunicado advierte a ETA, y también a quienes les apoyan y justifican, de que jamás conseguirán sus objetivos ni tampoco doblegarán la democracia ni el Estado de Derecho.

"A los autores de este atentado y al resto de los terroristas, sólo les espera la aplicación de la ley, la acción policial y el ejercicio de la justicia", concluyó el comunicado.

Tras la lectura, los grupos parlamentarios, los sindicatos y la patronal guardaron un minuto de silencio en la puerta de los leones del Congreso de los Diputados en memoria de Uría, consejero de una de las empresas responsables de las obras de la "Y" vasca.