'Pido respeto a las instituciones y que no haya presiones'. La portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, invocó ayer este ejercicio de delicadeza institucional hacia el Tribunal Constitucional. Fue su réplica al adverbio que Rodríguez Zapatero había aplicado previamente para calificar el resultado que desea del fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. 'Las cosas discurrirán razonablemente', anunció el presidente del Gobierno. 'Todo lo que sale de los tribunales es razonable', respondió Sáenz de Santamaría pidiendo responsabilidad 'a todos'.

El PP se aferró ayer al discurso del respeto en la antesala del dictamen del TC, sumando a esta llamada a la corrección verbal a su secretaria general. María Dolores de Cospedal proclamó primero que 'hay que respetar' lo que diga el Constitucional sobre el Estatut para tachar después de 'absolutamente inconcebible' que 'los socialistas catalanes estén presionando al TC' y el líder del PSOE no los llame 'al orden'.

El partido conservador prescribió ayer esta mesura política ante la posible inminencia del fallo sobre el Estatut, el último capítulo de una larga espera que dura más de tres años, desde que presentó el recurso en julio de 2006.

Su comedimiento de ayer contrasta con la locuacidad con la que el PP se ha empleado previamente. Su bloqueo al Tribunal Constitucional ha cosechado el rechazo del resto de formaciones y de todas las asociaciones de jueces. Las maniobras de los conservadores para no perder peso en la composición del Alto Tribunal lo mantienen en una delicada precariedad.

El mandato de cuatro magistrados del TC expiró en diciembre de 2007. Su renovación exige un acuerdo entre el PP y el PSOE, pero los conservadores han frenado cualquier posibilidad de recambio proponiendo únicamente dos relevos Francisco José Hernando y Enrique López, conscientes de antemano de que eran inasumibles para el PSOE.

Con esta táctica, el PP burló de facto que sean las comunidades las que elijan a los aspirantes, compromiso que sí respetaron los socialistas, que aportaron al proceso los nombres de 15 candidatos.

Este bloqueo mantiene las posiciones del PP intactas en el seno del tribunal mientras dura el debate sobre el Estatut. Para garantizar que sea así, los conservadores desataron, además, una guerra de recusaciones en otoño de 2007, con el objetivo de romper el juego de sensibilidades que equilibran el tribunal y desempatarlo a su favor. El magistrado progresista Pablo Pérez Tremps fue apartado. La muerte del conservador Roberto García-Calvo en mayo de 2008 devolvió el equilibrio entre ambos sectores al tribunal.

El PP también ha realizado múltiples críticas contra el Constitucional. Hace sólo diez días, el responsable de Justicia, Federico Trillo, instó a 'revisar' el TC tras cuestionar que esté empleando en analizar el Estatut el triple de lo que invirtió en revisar la Constitución. No es la primera vez. En noviembre de 2008, el propio TC se defendió en un comunicado sin precedentes de las acusaciones de Trillo contra la presidenta de este organismo, María Emilia Casas, a quien señaló como 'culpable e imputable directamente' de la dilación.