'Tolerancia cero contra la corrupción, el transfuguismo y los que utilizan la política en su propio interés'. Esta es una de las conclusiones de la 15 Unión Intermunicipal Popular que hoy clausura en Sevilla Mariano Rajoy, presidente del PP.

Aquejado por el caso Gürtel, que mantiene imputados, entre otros, al senador Luis Bárcenas y al diputado Jesús Merino, los conservadores han decidido ofrecer al resto de fuerzas políticas un pacto contra la corrupción en el que, entre otros asuntos, se apuesta por prohibir que los cargos electos reciban regalos de elevada cuantía.

Rajoy aprovechó el acto para mostrarse ahora como adalid de la lucha contra la corrupción, anunciando un paquete de medidas en el que se incluye una reforma del Código Penal que endurezca los tipos penales contra la corrupción y amplíe los plazos de prescripción de estos delitos. También planteó aprobar códigos de buen gobierno en todas las administraciones, así como en sus organismos y empresas públicas. 

Rajoy ha elaborado un discurso para alejarse del escándalo Gürtel

El presidente del PP afirmó que estas propuestas pueden ser 'un buen mensaje' para la opinión pública española. Eso sí, dijo que es 'injusto extender un manto de descrédito sobre toda la clase política'. 'Es profundamente injusto y yo por tanto lo voy a combatir', proclamó, cosechando un aplauso del auditorio. 'No queremos imponer nada a ningún partido, queremos hablar, que se discutan las cosas', dijo.

Igualmente, Rajoy defendió adoptar medidas para evitar el fraccionamiento y la contención de contratos mediante el abuso de los contratos menores, así como conferir carácter decisorio, en la valoración de las ofertas, a la más económica entre aquellas que superen el listón técnico mínimo. También aseguró que hay que limitar la presentación de mociones de censura durante el primer y último año de mandato en los ayuntamientos.

Conviene recordar que estos abusos son los que el PP desarrolló durante su estrecha relación con la trama Gürtel, que prestaba servicios, entre otros, a la Comunidad de Madrid a través de esos contratos menores. 

Para Mariano Rajoy la gestión del Gobierno en el secuestro del Alakrana ha demostrado tres cosas, 'un Gobierno descoordinado, incompetente y que miente'. También ha afirmado que el PP calló 'hasta que se resolvió todo, porque nos lo pidieron las familias y el Gobierno'. 'Pero ahora', ha asegurado, 'tenemos el derecho y el deber de exigir responsabilidades al Gobierno por incompetente y por engañar a los españoles'. 

'Nos callamos porque nos lo pidieron las familias y el Gobierno'

También ha instado al Gobierno a desmentir una información que apunta a que el pago del rescate se realizó a través de un lanzamiento del dinero en un punto de la costa somalí con un avión de la patrulla marítima del ejército.

El jefe de la oposición ha asegurado que los ciudadanos 'tienen derecho a exigir responsabilidades' a los políticos, 'incluso al partido de la oposición'. Rajoy considera que la suya es la única 'alternativa a lo que hay' y que defiende los 'principios, las ideas y las convicciones que forman la esencia' del PP. 

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha apostado en su discurso por la necesidad de 'volver a dignificar la actividad política'. La Comunidad Valenciana, presidida por Francisco Camps, ha sido uno de los focos en los que estalló el caso Gürtel.

En el documento aprobado, el PP acusa al Gobierno de 'ignorar la situación financiera' de los ayuntamientos y le exige que remita ya al Parlamento una reforma de la financiación local. Además, se subraya que en España hay 8.115 municipios y la inmensa mayoría se gestionan 'con absoluta honestidad e innegable dedicación'.

Barberá apostó por 'dignificar la actividad política' 

'Reivindicamos el trabajo, la entrega y la honradez de la mayoría de los más de 66.000 alcaldes y concejales que hay en España', proclamó Barberá.

Ante la necesidad de regenerar la vida democrática, el PP ofrece al resto de fuerzas políticas 'un gran acuerdo por la Transparencia y contra la Corrupción en la vida municipal española'.

El escrito también resalta la prórroga hasta 2011 del nuevo sistema de financiación local, una decisión considerada 'injusta' y que, según el documento, 'pone en riesgo' la capacidad de financiación de las competencias municipales y la prestación de servicios públicos y sociales. A todo esto se suma la 'irresponsable' política presupuestaria del Ejecutivo, que recorta en 3.000 millones la participación de las corporaciones locales en los ingresos del Estado.

El Partido Popular exige que se incluya en el nuevo Fondo Estatal de Inversión Local de 5.000 millones a las diputaciones, cabildos y consejos insulares, y que se modernice el papel de estas entidades creando una Carta provincial de servicios para actualizar sus cometidos.

El documento considera que el Gobierno debe impulsar la segunda descentralización para clarificar las competencias que debe prestar cada administración, pero estima necesaria la participación de las autonomías para que en cada comunidad se firme su respectivo pacto local, todo ello desde el respeto a la subsidiariedad.

Por último, denuncian el 'ineficaz' papel del presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Pedro Castro, quien, según el PP, ha hecho 'dejación' de funciones y ha demostrado su 'falta de capacidad' para defender a las corporaciones locales en la negociación con el Gobierno de su financiación.