El abogado Francisco Javier López Rubio, del despacho Solventa Consultores, al contrario de lo manifestado por el PP estos días, sostiene que no hubo anomalía alguna en la tramitación del expediente Matsa. López Rubio, quien lideró la petición de la ayuda de 10,3 millones que la Junta de Andalucía, cuando la presidía Manuel Chaves, concedió a la minera Matsa, no observó, según ha podido saber Público, que se cometiera ilegalidad ni irregularidad alguna ni por parte de Solventa ni de Matsa ni de ninguno de sus empleados, en referencia a la abogada Paula Chaves Iborra, hija del ex presidente, que trabaja en el gabinete jurídico de Matsa. El PP se querelló contra Chaves por esta ayuda.

Los conservadores pierden así al último ariete que habían encontrado para arremeter contra el ex presidente andaluz en este caso, que reactivaron después de que el diario El Mundo publicara días atrás unas declaraciones atribuidas a López Rubio con las que este supuestamente vinculaba a la hija de Chaves con la tramitación de la subvención, lo que el ex presidente siempre ha negado. Basándose en esa información, el PP volvió a llevar el asunto al Congreso, además de anunciar su intención de incluir las declaraciones en su querella. Sin embargo, López Rubio rechaza esas frases y el sentido que el diario pretende darle a las mismas y las considera rotundamente falsas, según ha podido saber Público. El abogado, que estima que le han causado graves perjuicios, tiene la firme intención de enviar un escrito de rectificación a El Mundo, en el que le dice que los hechos son inciertos y llaman a confusión, según ha podido saber este diario. Solventa es un despacho con diez años de trayectoria, especializado en asesorar a multinacionales instaladas en Andalucía.

Ni rastro de pruebas

El PP ha mantenido viva durante meses una campaña contra el ex presidente andaluz y ahora vicepresidente del Gobierno, a quien acusa de tráfico de influencias y de prevaricación por no haberse abstenido en el Consejo de Gobierno que ratificó la subvención, tramitada por la Consejería de Innovación a través de su agencia pública IDEA. En el expediente de concesión de la ayuda, según contrastó Público en su momento, no consta ni una sola prueba de que esto sea así.

La Fiscalía tampoco ve rastro alguno de delito y, además de haber archivado la querella presentada contra Chaves por el sindicato ultra Manos Limpias por este asunto, ha solicitado al Tribunal Supremo, ante el que el PP denunció al ex presidente, que también archive el asunto.