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El PP de Valencia rechaza el Plan 2.0 por causar miopía

Alejandro Font de Mora critica el programa Escuela 2.0 del Gobierno, al que no se sumarán

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Los portátiles que el Ministerio de Educación quiere llevar a las aulas a través del programa Escuela 2.0 producen miopía. Así de tajante fue el lunes Alejandro Font de Mora, conseller de Educación del Gobierno valenciano. Una opinión que se fundamenta en un estudio de la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo, subvencionada por la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Educación.

El informe centra sus conclusiones en el tamaño de las pantallas, de 10 pulgadas, ya que un uso prolongado 'durante años' podría generar 'un cierto porcentaje de miopización inducida por la demanda continuada de cerca'. Por ello, Font de Mora aseguró que el Gobierno valenciano no participará en el plan Escuela 2.0, programa que pretende extender el uso de las nuevas tecnologías en la escuela.

Para el PSPV-PSOE, las razones del conseller popular 'no son serias ni de peso'. Según el portavoz socialista de Sanidad en el Parlamento valenciano, Ignacio Subías, 'un uso intenso de los ordenadores también produce dolores de espalda o de cabeza'.

En ese sentido, exigió a Font de Mora mayor precisión en los argumentos, 'porque si una persona lee muchas horas al día, también puede acabar con problemas de miopía'.

Para Subías, el tamaño de las pantallas sería importante, pero sobre todo las horas de uso de los ordenadores, un dato que no ofreció Font de Mora.

Según los socialistas, el informe de Font de Mora es una maniobra para desacreditar la política educativa del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero. '¿Es más negativo estudiar con ordenadores de 10 pulgadas que hacerlo en los centenares de barracones que salpican el mapa educativo valenciano?', se preguntó Subías.

Cabe destacar que el conseller Font de Mora es uno de los miembros más activos del Consell en su oposición al Gobierno central. Forense de profesión, Font de Mora se opuso en su día a que la asignatura de Educación para la Ciudadanía se impartiera con normalidad en las aulas valencianas. Suya fue la propuesta de que se diera en inglés, algo que generó una fuerte confrontación con la comunidad educativa y una sentencia en contra del Tribunal Superior de Justicia valenciano.