El prefecto de la región boliviana de Pando, el opositor Leopoldo Fernández, pidió hoy a la población que acepte, "aunque nos duele mucho", el estado de sitio impuesto por el Gobierno y dijo que aceptaría una investigación sobre los choques entre civiles, pero que su detención sería "un abuso".

"Hemos podido pedirle a la población, aunque repudiando y rechazando una decisión de esta naturaleza, que se acepte algo que nos duele mucho, (porque) había que hacer los esfuerzos para evitar mayores confrontaciones", dijo Fernández en declaraciones telefónicas a Efe.

También afirmó que está dispuesto a una investigación pero no aceptará "el abuso" de ser detenido porque, recordó, es una "autoridad electa".

El prefecto dijo que permanece en Cobija, la capital de Pando, en su casa, e invitó al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, (que se encuentra en la región) a acudir a su domicilio para dialogar.

Según Fernández, en Cobija hay "una tranquilidad relativa y tensa" después de la incursión realizada esta madrugada por las Fuerzas Armadas para hacer cumplir el estado de sitio decretado por el Gobierno de Evo Morales.

"Yo no me he ido de Cobija, he estado trabajando, viendo cómo podemos hacer para contribuir a ver cómo estas decisiones desatinadas del Gobierno (...), no nos traigan mayores problemas", dijo Fernández.

Destacó que la incursión militar de esta madrugada no ha tenido consecuencias mayores como se temía, salvo incidentes aislados y reconoció que "no hubo mayores abusos" de los militares.

El Gobierno acusa a Fernández de ser responsable de "genocidio" contra campesinos por un enfrentamiento en el que hubo al menos treinta muertos, según datos oficiales, aunque sólo 17 han sido registrados formalmente porque los demás cadáveres aún no han sido recuperados de los montes y el río cercanos a la zona en conflicto.

El prefecto negó estas acusaciones y reclamó que el Gobierno constituya una comisión que investigue sobre esas muertes, la mayoría ocurridas en un choque entre campesinos leales a Morales y grupos opositores.

"El Gobierno está mostrando al mundo entero un genocidio, una masacre, y yo me pregunto por qué entonces no ha conformado una comisión para hacer una investigación que establezca responsabilidades y se sancione a culpables", dijo Fernández.

Calificó como "una película" las afirmaciones del Gobierno de que la Prefectura habría contratado sicarios y narcotraficantes peruanos y brasileños para actuar en los enfrentamientos, pero sí reconoció que hay algunas personas armadas con las que no tiene conexión alguna.

Fernández anunció que ha pedido hoy a representantes de Naciones Unidas, del Defensor del Pueblo y de la Iglesia católica que intenten una mediación para que llegue a Cobija una comisión de investigación además de prensa nacional e internacional.

El ministro Quintana anticipó la noche del sábado que Fernández será detenido bajo la acusación de desacato al estado de sitio y porque, a su juicio, él organizó a los grupos que atacaron a los campesinos el pasado jueves.

Fernández dijo que ante esa "bravuconada" y "amedrentamiento" esperará a Quintana en su casa de Cobija, de donde no se ha ido "ni un solo minuto" al vecino Brasil, como han señalado algunos medios e incluso miembros del Gobierno.

"Quiero decirle (a Quintana) que estoy en mi casa, no tengo seguridad y que me gustaría esperarlo a él. No para enfrentarlo, sino para que charlemos sobre lo que realmente ha ocurrido", dijo Fernández.

Subrayó que el Ejecutivo de Evo Morales actúa siempre con "una lógica" que crea escenarios de conflicto porque no está preparado para gobernar el país.