Más de 200.000 pequeños ahorradores tienen la posibilidad de desprenderse desde este martes de las acciones de Bankia recibidas a cambio de las participaciones preferentes o de la deuda subordinada que en su momento suscribieron con las cajas de ahorros fundadoras de esa entidad. Pero, si deciden hacerlo, deberán asumir pérdidas notables, que los expertos sitúan cerca de los 25.000 euros de media, debido al castigo que les han infligido, sucesivamente, la Unión Europea, el FROB -en cuyas manos está Bankia- y algunos inversores institucionales. Las únicas alternativas para atenuar ese colosal descalabro son: conservar las acciones con la esperanza de que suban de precio, someterse al sistema de arbitraje establecido por el Gobierno o recurrir a la vía judicial, asumiendo el consiguiente coste económico y de tiempo.

Según datos oficiales, las cajas de ahorros integradas en Bankia comercializaron estos productos híbridos por un importe nominal de 6.911 millones de euros, de los que 3.246 millones correspondían a participaciones preferentes y 3.665 a deuda subordinada, tanto perpetua como con vencimiento. El 96% de las preferentes fueron colocadas entre minoristas, mientras que los inversores institucionales cubrieron casi la mitad de las emisiones de deuda subordinada en sus dos modalidades. En conjunto, los pequeños ahorradores aportaron tres de cada cuatro euros, muchos de ellos sin saber el riesgo que contraían, pues fueron captados bajo la promesa de que se trataba de depósitos de alta remuneración y una liquidez inmediata. El número de damnificados es de 206.641, entre los que abundan los jubilados, que están a punto de perder los ahorros de toda una vida.

Pese a esa circunstancia, Bruselas exigió que los titulares de participaciones preferentes y de deuda subordinada apechugaran con parte del rescate de la banca nacionalizada, dentro de las condiciones impuestas como contrapartida por la línea de crédito de 100.000 millones de euros concedida a España para el saneamiento de su sistema financiero. De tal cantidad se han utilizado hasta ahora algo más de 40.000 millones, de los que unos 23.000 han sido para el salvamento de Bankia y el resto para las otras tres entidades nacionalizadas (Novagalicia, Catalunya Banc y el Banco de Valencia) y para la puesta en marcha de la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como banco malo.

La quita sufrida por las preferentes y la deuda subordinada -que no es la misma para todas las emisiones- representa de media el 54% de su importe nominal, según el FROB; lo que equivale una pérdida de 3.732 millones sólo por ese concepto.

El único antecedente de un rescate endosado parcialmente a los ahorradores es el de Chipre, donde la Unión Europea ha exigido una quita bastante menor (el 37,5%) y los depósitos inferiores a los 100.000 no se han tocado, al menos de momento. España está siendo uno de los Estados miembros más activos contra esa fórmula, que Alemania querría hacer extensiva a los países que en el futuro necesiten asistencia financiera. Pero la beligerancia del Gobierno de Mariano Rajoy se compadece mal con el trato que ha dado a los propietarios de preferentes y deuda subordinada dentro de su ámbito de competencias, es decir, aparte de las exigencias de Bruselas.

Prueba de ello ha sido el procedimiento de canje de esos productos por acciones de la entidad, mediante una ampliación de capital que se hará efectiva este martes, cuando los nuevos títulos salgan a Bolsa. El FROB fijó el precio de las accciones en un euro, alegando que era el que se correspondía con su valor en libros, a pesar de que la cotización de los competidores de Bankia, según fuentes bursátiles, oscila entre 0,6 y 0,8 veces ese valor teórico.

Además, el canje (que tenía carácter obligatorio salvo para la deuda subordinada con vencimiento hasta 2018) se ha realizado con una prima del 35%, con lo que precio final de cada acción ha sido de 1,35 euros, muy por encima del que los inversores están dispuestos a pagar en el mercado libre, como quedó de manifiesto la semana pasada y, sobre todo, en la sesión del jueves, día en que los títulos bajaron nada menos que un 51,4%.

Ese desplome se debió a que algunos inversores institucionales vendieron acciones de forma masiva para eludir la previsible caída que se producirá a partir de este martes como consecuencia del deseo de muchos antiguos preferentistas y titulares de deuda subordinada de deshacerse cuanto antes de las suyas para recuperar algo de su dinero. Sólo el jueves se movieron 50 millones de títulos, cinco veces el capital flotante de Bankia en Bolsa, y los operadores más activos fueron UBS, Credit Suisse, Merrill Lynch, Auriga y Morgan Stanley, según las fuentes consultadas.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto una investigación para averiguar si esas operaciones fueron en descubierto (sin que los vendedores tuvieran todavía las acciones en su poder), práctica actualmente prohibida en España. En cualquier caso, esas maniobras han supuesto un quebranto adicional para los pequeños ahorradores pillados en las preferentes y la deuda subordinada de Bankia, cuyas pérdidas superan ya los 5.000 millones (el 75% del dinero que pusieron), a falta de ver cómo se comportan ahora sus acciones en Bolsa.