El presidente de México, Felipe Calderón, ha destacado la lucha contra el crimen organizado, la estabilidad macroeconómica y la defensa de los derechos humanos como algunos de los principales logros de su mandato, en momentos en que el país está sumido en una grave crisis de seguridad.

En su quinto Informe de Gobierno enviado al Congreso, el mandatario ha resaltado que la estrategia contra la delincuencia que lanzó en diciembre de 2006 ha permitido instaurar "los cimientos de una seguridad auténtica y duradera en México".

Recordó que el Gobierno desplegó miles de soldados y policías federales para combatir a las organizaciones criminales "cada vez más desafiantes", con el fin de restablecer la autoridad local, la seguridad y la tranquilidad.

Sin embargo, dicho objetivo no se ha alcanzado según diversos analistas políticos y amplios sectores de la sociedad, que en los últimos meses han salido a las calles para repudiar la violencia, que ha causado más de 40.000 muertes en esta Administración, y exigir un giro en la estrategia de seguridad.

Calderón insiste en seguir adelante con su combate frontal a la delincuencia y en el documento presentado, de 758 páginas, enumeró uno a uno los éxitos de su estrategia.

Entre ellos cita "el importante número de criminales detenidos", entre ellos los 21 de los más peligrosos, y "el debilitamiento sistemático a sus redes operativas y financieras".

Además, dijo, se han extraditado a "464 prófugos de la justicia de diversas nacionalidades" e incautado 108,9 toneladas de cocaína, 9.351 toneladas de marihuana, 3,6 toneladas de goma de opio y 1,7 toneladas de heroína.

Las autoridades han decomisado también 49.600 armas cortas y 70.220 largas, así como 12,7 millones de municiones y 10.181 granadas.

Calderón aseguró asimismo que la promoción de los derechos humanos "no tiene precedentes", al recordar la promulgación en junio pasado de reformas que elevaron a rango constitucional los DD.HH. contenidos en tratados internacionales firmados por México.

El presidente ha sido muy cuestionado por organizaciones no gubernamentales por el incremento de los abusos cometidos por militares en el marco de lucha contra el crimen.

En su informe, Calderón resaltó los programas de cooperación con Estados Unidos para luchar contra el crimen organizado.

El año pasado, Washington destinó mediante la Iniciativa Mérida una ayuda por 360 millones de dólares y para este año se prevé alcance los 500 millones de dólares, dijo el gobernante, quien en los últimos días exigió a EE.UU. reducir su consumo de drogas y frenar la venta de armas a grupos criminales en México.

En materia económica, el mandatario aludió a la recuperación que comenzó en el segundo semestre de 2009 y recordó que en 2010 se logró un crecimiento del 5,4 %, aunque para el 2011 se prevé que apenas alcance el 4 %, debido a la desaceleración estadounidense.

La recuperación, explicó, fue impulsada por el sector externo, pero se consolidó con factores internos como el consumo y las inversiones, lo que significó el crecimiento del empleo, aunque lejos de la meta que Calderón se propuso en campaña electoral.

Resaltó el nivel "sin precedentes" de la inversión aplicada en el sector público para el desarrollo de la infraestructura y las políticas macroeconómicas, que han mantenido una estabilidad "envidiable a nivel internacional".

Enfatizó el manejo "responsable" del déficit público, que ha reducido la fuente de vulnerabilidad ante choques externos.

Aseguró que las cuentas externas están "balanceadas" y las reservas internacionales con más de 130.000 millones de dólares han alcanzado niveles históricos, con lo que la economía mexicana ha logrado mayores niveles de competitividad.

En materia social, destacó que México cuenta con mayor acceso a la salud, educación y servicios básicos.

También aludió a la aprobación de reformas en materia fiscal, energética y migración, entre otras, si bien la LXI Legislatura, que hoy arrancó su primer periodo de sesiones de su último año de trabajo, aún tiene pendientes varias iniciativas clave.

Entre ellas están la Ley de Seguridad Nacional (LSN), una reforma laboral y otra política que permita las candidaturas ciudadanas.