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Primer derribo en Marbella tras años de tropelías

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Era un momento muy esperado en la localidad malagueña de Marbella. Tras años de tropelías urbanísticas y corrupción inmobiliaria, el pasado jueves se produjo el primer derribo de una obra ilegal. La promoción constaba de 34 viviendas que ocupaban zona verde y carecían de licencia municipal. La promotora, Naviro Inmobiliaria, propiedad de Ávilas Rojas –uno de los principales procesados en la operación Malaya– ha corrido con los gastos del derribo –47.500 euros–, según informó ayer la alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz (PP). “[Con este acto] comienza a cumplirse nuestro compromiso de devolver la legalidad urbanística”, afirmó la regidora.

La promoción cumple todos los requisitos que la hacían objeto de derribo: sin licencia, en zona no urbanizable y sin terceros de buena fe que hayan adquirido vivienda alguna. Este último es el punto más importante, según matizó la alcaldesa, para el equipo de Gobierno marbellí, que pretende “a toda costa salvaguardar los intereses de los ciudadanos”.

Próxima demolición

Un decreto de alcaldía, aprobado hace siete meses, culminaba así con este derribo que, advierten, no será el único. Sin embargo, en el punto de mira sólo se encuentra una promoción más. Ésta será derribada en los próximos días y el promotor también ha accedido a correr con los gastos que supone la ejecución de la orden. Son seis viviendas adosadas ubicadas en la pedanía de San Pedro de Alcántara, también en zona verde, y llevadas a cabo por Prosavi, que deberá desembolsar en este caso 6.000 euros.

La Junta de Andalucía valoró positivamente la primera demolición, pero la considera “insuficiente y muy tardía”. Así, la delegada provincial de Ordenación y Territorio, Josefa López, insta a la alcaldesa de Marbella a que “promueva muchos más derribos”. Muñoz, por su parte, aseguró que aún es pronto: “Tenemos varias promociones inmersas en procedimientos judiciales y tenemos que esperar la resolución”.

Durante los últimos años se habían levantado en Marbella hasta 30.000 viviendas fuera de ordenación, aunque la gran mayoría de éstas son legalizadas en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, aún en trámite.