Mientras el anunciado pacto energético entre el PSOE y el PP sigue en el dique seco, el conjunto de fuerzas políticas ha logrado amarrar el primer gran acuerdo en materia energética de la democracia. Todos los grupos, salvo el PP (que se abstuvo) e IU (que votó en contra) cerraron anoche un acuerdo en la Subcomisión de Energía del Congreso, creada en mayo del año pasado para elaborar una serie de recomendaciones sobre la estrategia que debería seguir España en esta materia para los próximos 25 años.

Los detalles del acuerdo, que debe ratificar la comisión de Industria del Congreso, se harán públicos hoy, pero todo indica que no ha habido cambios sustanciales respecto al último borrador, pactado por PSOE, CIU y PNV.

El documento abría la puerta a la posible aplicación de un céntimo verde a los carburantes para repartir el coste de las subvenciones a las energías renovables (ahora se carga a la tarifa eléctrica), una propuesta que ha suscitado el público rechazo del presidente de Repsol YPF, Antoni Brufau.

Se trata de un golpe duro al sector de las petroleras, que rechazan compartir el coste de las ayudas a esta tecnología. El céntimo verde les penaliza porque, en la práctica, encarecerá el precio de los combustibles.

Esta propuesta tampoco ha tenido el apoyo del Partido Popular, que ha esgrimido el argumento de que se niega a respaldar nuevos impuestos, sean del tipo que sean.

El partido de los conservadores, sin embargo, ha criticado en repetidas ocasiones el alto coste de las subvenciones verdes, que han disparado el denominado déficit de tarifa (diferencia entre los ingresos y los costes que tiene el sistema eléctrico).

Además, el borrador reclamaba que, en 2020, la energía nuclear mantuviera una presencia 'en niveles similares a los actuales' en el parque de generación eléctrica.

Este último es un objetivo fácil de cumplir, ya que ninguno de los reactores actualmente operativos (salvo Garoña, que cerrará en 2013) verá expirar su licencia de explotación antes de esa fecha.

El acuerdo, que se hacía esperar desde el verano pasado, da carpetazo a año y medio de negociaciones, aunque, previsiblemente, dejará para otra legislatura los asuntos más delicados, como la decisión sobre la espinosa cuestión nuclear.

Por la subcomisión, celebrada a puerta cerrada, han desfilado los principales ejecutivos del sector energético. Su desarrollo ha coincidido con las negociaciones para reducir las primas a las renovables, reducir el déficit de tarifa y hacer frente a la crisis de demanda, que ha dejado en desuso buena parte de las centrales de gas y carbón.

Respecto a las energías renovables, el Gobierno aprobará 'en días' una nueva regulación sobre este subsector que aportará una 'clara seguridad jurídica', según dijo ayer el director general de Política Energética, Antonio Hernández.