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Principio del final

De cómo la asfixia judicial del entorno político convirtió la acción armada terrorista en un estorbo insoportable

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Si hasta el pasado jueves, día 20 de octubre, Mariano Rajoy había eludido pensar en la formación de su futuro Gobierno —lo que no parece del todo convincente— ya tiene más razones para hacerlo. Ahora tiene dos grandes frentes abiertos: el final de ETA y el final de la crisis económica. Y si como ciertas fuentes aseguraban estas últimas semanas, Rajoy pensaba confiar a Alberto Ruiz -Gallardón el ministerio de Justicia, quizá la nueva etapa abierta tras el comunicado de ETA le lleve a reafirmarse en esa tentación, al tiempo que deberá seleccionar a la persona idónea para tal fin en el Ministerio del Interior. ¿O quizá el alcalde de Madrid podría ser el futuro ministro del Interior, el hombre para gestionar el final del terrorismo?

ETA ha decidido 'el cese definitivo de las acciones armadas', de manera unilateral e incondicional. Lo que equivale a interpretar que estamos en el principio del fin. Lo que va de este principio del fin hasta el mismo final es, precisamente, la disolución y la entrega de las armas, o al revés, la entrega de las armas y su disolución. Y como las convocatorias electorales son importantes, hay que situarse en el horizonte las próximas elecciones autonómicas en Euskadi, previstas en principio para 2013.

En el medio, claro, habrá que intercalar, tras la constitución del nuevo Gobierno, a mediados de diciembre, los pasos que se vayan dando en la gestión de las 'consecuencias' (el tratamiento de los presos de ETA y, muy importante, el nutrido contingente de su antiguo entorno político hoy en la cárcel) del cese definitivo de las acciones armadas.

No tiene sentido alguno debatir las razones que presenta ETA para justificar el abandono de su actividad terrorista. Su decisión es una cuestión, por así decir, de interés.

Su terrorismo ya había comenzado a ser insostenible, políticamente hablando, con la irrupción del terrorismo sangriento fundamentalista islámico, que se convirtió, desde el 11 de septiembre de 2001, en el epicentro del terrorismo internacional.

Pero en la situación concreta de Euskadi y de España, el mantenimiento de esa actividad terrorista, cada vez más reducida por los éxitos de las fuerzas de seguridad, tras la voladura del llamado proceso de paz de 2006 en la T-4 de Barajas, tuvo que enfrentarse con una nueva estrategia judicial a partir de mediados de 2007.

Esa estrategia fue la de bloquear todos los intentos de la izquierda abertzale por reconstruir su vida política y su influencia en Euskadi sin antes romper sus vínculos con la banda terrorista. El bienio que precede a la investidura de Patxi López como lehendakari, el 7 de mayo de 2009, es un bienio negro para los planes de Otegi y la antigua Batasuna.

La izquierda abertzale, tras su reincorporación a la acción política, se ve abocada así a gestionar, unilateral e incondicionalmente, el fin de la acción armada

Un bienio en el que la sala del 61 del Tribunal Supremo, por impulso de la Fiscalía General del Estado, ilegaliza una semana de septiembre de 2008 Acción Nacionalista Vasca (ANV), con cierta fuerza en los ayuntamientos, y la otra semana el Partido Comunista de las Tierras Vascas(PCTV), representación politica abertzale en el parlamento, aliado en ocasiones con el partido del Gobierno, el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Acto seguido, vendrá la impugnación de las listas del partido Askatasuna y de la agrupación de electores Democracia Tres Millones (D3M), a las elecciones autonómicas de marzo de 2009 en Euskadi, por parte de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, lo que llevará a la decisión del Supremo de ilegalizarlas el 9 de febrero de 2009.

La izquierda abertzale, barrida de los ayuntamientos, no estará presente, por primera vez, en el Parlamento de Vitoria, debilitando al nacionalismo, en favor de un gobierno socialista con apoyo externo del partido Popular. Cándido Conde-Pumpido, desde la Fiscalía, el fiscal Javier Zaragoza y el juez Baltasar Garzón, desde la Audiencia Nacional, proseguirán con lo que será el golpe de gracia, la detención de Arnaldo Otegi y otros nueve dirigentes de la antigua Batasuna por intentar su reconstitución a través de Bateragune. En esa lista figura nada menos que Rafael Diez Usabiaga.

Es esta asfixia política, complementada, claro está, con la acción policial que descabeza sucesivamente a la banda, la que hace prácticamente imposible que la antigua Batasuna vuelva a ser, sin pasar previamente por la ruptura de sus nexos con ETA, lo que en otra época era.

Pero, en paralelo, como parte de ese bienio negro, en la Audiencia Nacional son sometidos a juicio oral todos los sumarios instruidos a lo largo de muchos años. Los casos Segi, Ekin, el entramado internacional, los abogados, la financiación. Las sentencias que van saliendo, confirmadas por el Supremo, suponen la permanencia en la cárcel de centenares de activistas de la órbita política de ETA, que se suman a los terroristas que ya cumplen condena en prisión desde largos años.

Es esta asfixia la que llevará a la izquierda abertzale, bajo la dirección jurídica de Iñigo Iriuín, a condenar la violencia explícitamente y a intentar la presentación de Sortu primero, y tras su rechazo por el Supremo, de Bildu más tarde. La condena de la violencia es ya muy clara para asegurar la concurrencia a las elecciones municipales. No pasará la lupa del Supremo, pero el Tribunal Constitucional sí abrirá la puerta.

Y a pesar de ese nuevo paso, la condena de Arnaldo Otegi por la Audiencia Nacional a diez años en calidad de dirigente de banda armada, sentencia que está recurrida en el Supremo, continúa la línea intransigente del bienio 2008-2009. La Fiscalía no ve la necesidad de hacer gestos, como aquellos que sí hubo durante el 'proceso de paz'.

La izquierda abertzale, tras su reincorporación a la acción política, se ve abocada así a gestionar, unilateral e incondicionalmente, el fin de la acción armada. Cuestión de supervivencia.