Publicado: 01.11.2014 16:14 |Actualizado: 01.11.2014 16:14

Prisiones separa a Granados y Marjaliza y los ubica en otras cárceles

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El exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, detenido en la 'operación Púnica', ha sido trasladado desde la cárcel de Soto del Real a la de Estremera, mientras que el empresario David Marjaliza ha sido llevado a Aranjuez y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, a la de Navalcarnero.

Según han informado fuentes penitenciarias, cuando hay muchos detenidos en una misma operación en un centro penitenciario se aconsejan los traslados por causas organizativas y de buen orden del establecimiento y más si, como en este caso, el juez considera a los arrestados miembros de una trama organizada.  

No obstante, los tres siguen en prisiones de la Comunidad de Madrid, a disposición del juez instructor de la causa, Eloy Velasco. El magistrado de la Audiencia Nacional decretó el jueves el ingreso en prisión de Martínez y el viernes el de Granados y Marjaliza, a los que acusó de formar parte de una "organización criminal". Granados y Marjaliza son considerados los 'cabecillas' de la red de cobro de comisiones a cambio de contratos públicos desarticulada esta semana.  

En un auto dictado este viernes, el magistrado atribuye a Granados los delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude. A Marjaliza le imputa todos estos delitos más los de utilización de información confidencial y falsificación documental.  

Tras tomar declaración a los detenidos en la operación, el juez decretó prisión incondicional para siete personas: Granados, Marjaliza, el empresario Alejandro de Pedro, el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez; el director comercial de la empresa Cofely en España, Pedro García; la secretaria de Marjaliza, Ana María Ramírez y el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza.

Otras 13 personas fueron enviadas a prisión eludible con fianzas de entre 25.000 y 300.000 euros, entre ellos los alcaldes de Parla, Collado Villalba y Torrejón de Velasco.