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Procesadas dos hermanas empresarias por pagar 6.000 euros a ETA voluntariamente

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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha procesado hoy a las hermanas María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz -que están en libertad bajo fianza de 20.000 euros- por un delito de colaboración con ETA al haber pagado 6.000 euros de forma voluntaria a la banda terrorista.

Así lo ha acordado el magistrado en un auto en el que también ha procesado a Luis Amenabar Alday por colaborar con ETA en relación con el aparato de extorsión de la banda y ha retirado la imputación por estos hechos a otras catorce personas, entre ellos, al ex presidente de Sidenor y antiguo viceconsejero de Interior del Gobierno Vasco Sabino Arrieta.

Según relata Garzón, de la documentación intervenida a raíz del del arresto el 20 de mayo de 2008, en Burdeos (Francia), del dirigente de ETA Francisco Javier López Peña, "Thierry", Ainhoa Ozaeta, Jon Salaberria e Igor Suberbiola, se hallaron en la vivienda que ocupaban varias cartas de ETA dirigidas a empresarios en las que solicitaba aportaciones económicas.

Entre ellas, detalla el auto, consta una misiva de agradecimiento de la banda terrorista remitida a las empresarias por efectuar "sin coacción ni amenaza acreditada de por medio" un pago de 6.000 euros, realizado en una fecha entre julio 2003 y 2008.

ETA les agradece en esa carta la aportación realizada "por la libertad de Euskal Herria" y les anima, apelando a su "patriotismo", a que "en el futuro sigan realizando aportaciones económicas al proceso de liberación, con el convencimiento de que tienen la vía para ponerse en contacto con la organización".

Entre las catorce personas a las que Garzón retira la imputación figuran también el consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, y el empresario guipuzcoano Jesús Guibert Azkue, que fue secuestrado en 1983 por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, cuando era gerente de Laminados de Hierro Marcial UCIN SA y que quedó en libertad 17 días después, supuestamente tras el pago de 150 millones de pesetas.

El juez ha retirado la imputación de estas personas al estimar que los hechos han prescrito, pues las fechas probables de recepción de las cartas de extorsión de ETA son desde 1993 hasta 2004.

Además, destaca que no se han concretado los indicios de la comisión del delito de colaboración con banda armada "por cuanto los pagos, en los casos en los que se hicieron, no fueron voluntarios, ni guiados por una finalidad de contribución a los fines de la organización".

Las hermanas Bruño Azpiroz, que ante Garzón admitieron haber recibido en 2003 y 2005 dos cartas de extorsión de ETA, aunque aseguraron que no habían pagado lo que se les pedía, son socias y tienen cargos ejecutivos en la empresa familiar Andrés Bruño e Hijos S.L., dedicada a la comercialización de angulas y marisco.

Blanca Rosa, gerente de la compañía, fue firmante de la plataforma electoral Aukera Guztiak, declarada ilegal el 29 de marzo de 2005.

Por su parte, María Isabel, consejera de la citada empresa, formó parte de las listas de Euskal Herritarrok en las elecciones a las Juntas Generales por Orio en 1999 y firmó la constitución de la agrupación electoral Aukera Guztiak.