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Un procesado en la Malaya se libra de pagar 24,6 millones

Un juez dicta que la multa del Consistorio cordobés a Rafael Gómez ha caducado

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El Ayuntamiento de Córdoba acaba de perder 24,6 millones de euros que le debía, en concepto de multa, uno de los empresarios procesados en la operación Malaya. En marzo de 2005, el Consistorio impuso la sanción más alta de su historia contra la empresa Arenal 2000, propiedad de Rafael Gómez, alias Sandokán. El empresario, para ampliar la sede social de su entidad, había derribado una torre declarada Bien de Interés Cultural y había excavado en una zona de alta protección arqueológica sin permiso. Hace unos días, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Córdoba falló que la sanción ha caducado, ya que han pasado cuatro años sin que el expediente sancionador se haya resuelto, como alegó el abogado del empresario.

Tras conocer la decisión judicial, la alcaldesa de la ciudad, Rosa Aguilar (IU), trató de explicar al fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, que la caducidad de la sanción se basa en que la Gerencia de Urbanismo suspendió su tramitación cuando el Ministerio Fiscal inició una investigación por si se derivaba algún delito penal de este expediente, una práctica habitual en Urbanismo. Sin embargo, el juez considera que esta suspensión nunca debió haberse producido.

Limbo jurídico

Desde 2005, los presupuestos municipales contemplaban en su balance de ingresos esta multa. Por ello, y para evitar que ese dinero no se quede en el limbo legal, el Ayuntamiento se ha puesto a trabajar a toda máquina. Sus servicios jurídicos sostienen que existen cuatro años de plazo para iniciar el expediente sancionador una vez que se conocieron los hechos. Así, el Ayuntamiento todavía tendría hasta el próximo 28 de marzo para hacer efectiva la sanción, ya que la primera denuncia fue interpuesta el 28 de marzo de 2005.

Sin embargo, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía es ambigua en este sentido y no establece un margen de maniobra concreto. Esta fija que el plazo de cuatro años debe empezar a contar bien cuando se produce la infracción o bien cuando es posible la apertura de un expediente. Ahora, el Ayuntamiento se agarra a este clavo ardiendo para no perder un dinero importante para las arcas municipales.