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Otra promesa incumplida: se vuelve a retrasar la ampliación del permiso de paternidad

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El Gobierno ha decidido retrasar un año más la ampliación a un mes del permiso de paternidad, según se desprende del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2015, que está siendo presentado este martes por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en el Congreso de los Diputados.

Así se desprende de una de las disposiciones del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) previsto para 2015 (tal y como ya hizo el de 2013 y el de 2014), a pesar de que tras ganar las elecciones en noviembre de 2012 el Ejecutivo 'popular' se comprometiera a poner en marcha esta 'promesa socialista' para el 1 de enero de 2013.

En concreto, el texto recoge una modificación de la Ley de 2009 de ampliación de duración del permiso de paternidad en casos de nacimiento, adopción o acogida, para transformar su redacción y cambiar la fecha de puesta en marcha del 1 de enero de 2015 al 1 de enero de 2016. Se trata de una iniciativa que prometió en su día el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en la Ley de Igualdad de 2007 y que viene retrasándose desde 2010.

La disposición final novena de los PGE 2015 recoge una nueva redacción a la ley de 2009: "La presente ley entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2016". 

El Gobierno ha decidido volver a aplazar la mejora de las pensiones de viudedad que está prevista en la Ley 27/2011, la última reforma del sistema que se aprobó en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, cuya implantación progresiva debía producirse en un plazo de ocho años a contar desde principios de 2012.

En el articulado del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015, que este martes ha entrado en el Congreso de los Diputados para su tramitación, se aplaza, sin que se especifique por cuánto tiempo, la aplicación de un precepto de la Ley 27/2011, que también fue pospuesto en las cuentas de 2013 y 2014.

Dicho articulado mandaba al Gobierno adoptar las medidas reglamentarias oportunas para elevar las pensiones de viudedad, aplicándoles de forma progresiva y homogénea a lo largo de ocho años un coeficiente del 60% en el caso de que el beneficiario tenga 65 años o más, no cobre otra pensión pública, no perciba ingresos por trabajar y no supere el límite de ingresos para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad.