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Protección no sólo para las que denuncian

Las ONG piden salidas laborales para las mujeres liberadas de la red

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La ministra de Igualdad anuncia el plan contra la trata de blancas; las asociaciones de mujeres debaten el asunto y, a la misma hora, ayer por la mañana, decenas de chicas se prostituían en el polígono industrial de la colonia Marconi, en el sur de Madrid. En su mundo, ajenas a las decisiones de los políticos, levantan un brazo y una pierna al paso de cualquier vehículo. La mayoría son nigerianas, aunque también hay chicas de Europa del Este y alguna española mayor y desdentada. Se colocan en glorietas y calles entre el trajín de las furgonetas y los camiones.

La mayoría son víctimas del negocio de redes de explotación sexual, según denuncian organizaciones que trabajan ayudándolas como Médicos del Mundo o Proyecto Esperanza. “Ahora, solo las mujeres que presentan denuncia contra sus opresores son consideradas víctimas por el Estado. Nosotros exigimos que víctimas sean todas, tanto las que ponen denuncia como las que no”, explicó Marta González, portavoz de Proyecto Esperanza.

En la misma línea se expresó Susana Fernández, portavoz de Médicos del Mundo: “No es posible que se condicione la protección de una persona que puede ser víctima de una gravísima violación de derechos humanos, es muy injusto”, señaló. Fernández agregó que el borrador del plan contra la trata de blancas presentado ayer por el Gobierno incluye un cambio en la Ley de Extranjería para contemplar que no solo las denunciantes consigan ser testigos protegidas.

Una vez puesta la denuncia, en teoría, la víctima de la explotación logra el permiso de residencia. Pero este trámite, en la práctica, no es automático, sino que se demora en el tiempo, según denuncian las ONG.
Además, Rocío Nieto, presidenta de la Asociación para la Reinserción de la Mujer Prostituta (Apramp) considera que la Policía muchas veces no identifica a las víctimas. “Si simplemente hacen una redada, hay muchas que no van a denunciar por miedo”, critica Nieto. Ella pide al Gobierno una aportación económica y una salida laboral para estas mujeres, porque muchas, después de denunciar, lo único que tienen en mente es que deben seguir mandando dinero a sus familias.