Una ola de violencia se desató el sábado en algunas ciudades del sudeste de Turquía, después de que un tribunal ilegalizase un importante partido kurdo, dando un golpe al intento del Gobierno de poner fin a décadas de conflicto en un país candidato a ingresar en la Unión Europea.

En Ankara, diputados del Partido Sociedad Democrática (PSD) dijeron que abandonarían el Parlamento en protesta por la resolución del Tribunal Constitucional de disolver el partido, lo que aumentó las preocupaciones en la UE y en Washington.

Cientos de manifestantes atacaron a la policía con bombas caseras y piedras en la ciudad de Hakkari, según unas fotografías publicadas en la página web del diario Hurriyet.

La policía usó camiones con mangueras de agua y gases lacrimógenos contra los manifestantes, quienes levantaron barricadas en las calles.

La agencia estatal de noticias Anatolian dijo que una mujer resultó herida en Hakkari, donde varios manifestantes atacaron a dos oficiales de policía, que fueron rescatados por ex funcionarios del PSD.

También se informó de enfrentamientos en Van y de protestas en la ciudad de Diyarbakir, la más grande del sudeste del país y donde se mantiene la tensión.

El tribunal decidió el viernes ilegalizar el partido kurdo, tras considerarlo culpable de cooperar con las guerrillas separatistas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

El fallo, que sumergió a un país de mayoría musulmana en una incertidumbre política, amenaza con socavar el camino de reconciliación de la minoría kurda con el Estado, impulsado por el partido AK del primer ministro Tayyip Erdogan, y sus esfuerzos por poner fin a décadas de conflictos.

También es posible que afecte a la confianza en los mercados financieros turcos cuando estos vuelvan a abrir el lunes.

"La prohibición del Partido Sociedad Democrática es un golpe a los esfuerzos por resolver el tema kurdo y asegurar los derechos de las minorías en Turquía", dijo Emma Sinclair-Webb, investigadora de Turquía de Human Rights Watch, en un comunicado.

"Como tema de urgencia, el Gobierno debería revisar la Constitución y la Ley de Partidos Políticos, de manera que este tipo de prohibiciones no se repitan en el futuro", agregó Sinclair-Webb.