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Un proyecto abocado a la negociación

El informe sobre pensiones del Gobierno es el punto de partida de un largo proceso de modificaciones en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo

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'No pensábamos que iban a llegar tan lejos'. Con esta frase, Gaspar Llamazares, diputado de IU y miembro de la Comisión del Pacto de Toledo, sintetiza el asombro de algunos grupos políticos al conocer la propuesta del Gobierno para reformar las pensiones, y que llega al Congreso para ser debatida en los próximos días. La sugerencia de subir la edad legal de jubilación de 65 a 67 años parece haber roto la baraja política en uno de los acuerdos que hasta ahora gozaba con más consenso como es el Pacto de Toledo.

El no rotundo de Izquierda Unida, así como de ERC y de algunos miembros del Grupo Mixto como el BNG, a hablar siquiera de la posibilidad de prolongar la vida laboral, pone en entredicho la viabilidad parlamentaria de la iniciativa.

La voluntad con la que nació el Pacto de Toledo, y que el PSOE dice querer preservar, es la de conseguir el acuerdo 'más amplio posible' a la hora de dar luz a modificaciones en las pensiones, asegura la diputada socialista Isabel López Chamosa. Esta diputada, curtida en esta negociación, ya que se incorporó a los trabajos de la Comisión en 1996, asegura que cada informe que ha presentado el Gobierno ha causado un revuelo como este. 'En la ronda que concluyó en 2003 nos tuvimos que reunir hasta fuera de Madrid para escapar de la presión', recuerda. Aquel proceso negociador tardó tres años en cerrarse y contó con la 'abstención positiva' de IU, ERC y BNG. 'Estamos seguros de que esta vez vamos a tardar menos', tercia López Chamosa.

El Pacto de Toledo requiere el máximo acuerdo posible para salir adelante

Además, la diputada reconoce que de los informes que presenta el Gobierno para arrancar la negociación luego se cambian muchas cosas. De hecho, ayer, la vicepresidenta económica, Elena Salgado, reconoció que la reforma 'está abierta' a modificaciones.

El optimismo de López Chamosa choca con las declaraciones que hasta ahora se han escuchado desde la oposición. El PP se ha mostrado en contra tachando la medida de 'improcedente' y 'contraproducente para el mercado laboral'. Sin embargo, IU teme que las conversaciones podrían llevar a cerrar un acuerdo con PSOE y CiU sobre la edad de jubilación.

Y, es que, hasta ahora, la postura más conciliadora ha venido de Convergencia i Unió, cuyo portavoz en la materia, Carles Campuzano, reconoce que están dispuestos 'a hablar de todo'. 'La edad de jubilación es parte clave del problema, hay que abordar esta cuestión, aunque nosotros somos más partidarios del carácter voluntario de la prolongación de la vida laboral, mejorando los incentivos', subraya el diputado catalán.

CiU planteará además otras cuestiones, como la reforma de las pensiones de viudedad. 'Queremos mejorar la base reguladora para la prestación de viudedad, desde el 52% actual hasta el 72%', explica Campuzano. Asimismo, pretenden posibilitar el acceso al cobro de parte de la jubilación, ya provenga de las arcas públicas o de los planes privados, después de los 65 años aunque se siga trabajando.

En negociaciones anteriores el texto del Gobierno fue cambiado a fondo

En cualquier caso, y aunque las predicciones de IU se cumplieran y el Gobierno diera por bueno un acuerdo entre los tres grupos mayoritarios (PP, PSOE y CiU), la reforma tendría que pasar por el visto bueno de los agentes sociales. Entre ellos, sólo la CEOE respalda la medida, mientras que los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, están en contra.

Ya en 2003, UGT se negó a firmar el acuerdo de las pensiones, que sí sellaron la patronal CEOE y CCOO. En aquel momento, uno de los principales caballos de batalla del sindicato fue la negativa a que se ampliara el cómputo para calcular la jubilación, una recomendación que finalmente se zanjó con el compromiso de 'reforzar el principio de contributividad' y que nunca se ha materializado.

Otras recomendaciones, no sólo de 2003 sino también de 1995, están pendientes de aplicación, como la de la separación de fuentes de financiación, esto es, que pensiones no contributivas, como los complementos a mínimos o las bonificaciones a la contratación, no salgan de las arcas de la Seguridad Social sino de las cuentas del Estado.

Por lo pronto, mañana miércoles la Comisión se reúne para fijar el calendario de reuniones para empezar a debatir el texto. El mecanismo que intenta hacer operativo la Comisión, que se compone de más de 30 miembros, es nombrar un pequeño grupo de trabajo que discute los primeros borradores.

Además, la Comisión, que se convocó a finales de 2008, seguirá escuchando comparecencias de asociaciones civiles que quieren acercarse al Congreso para explicar su posición. Hasta ahora, la Comisión ha organizado una treintena de comparecencias en las que han intervenido desde autónomos hasta amas de casa y catedráticos o empresarios.

La prevista reforma del sistema francés de pensiones llevará consigo un retraso en la edad de jubilación. “Claramente, la gente deberá trabajar más años”, dijo ayer el ministro de trabajo francés, Xavier Darcos. En declaraciones a Reuters, Darcos admite que las negociaciones con los sindicatos que espera mantener este mes el Gobierno conservador “no van a ser fáciles”, porque este tipo de propuestas son tomadas por “algunas personas” como “una declaración de guerra”. La edad de jubilación actual en Francia es de 60 años, frente a los 65 de España o los 67 previstos de Alemania.