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El PSC y CDC buscan dar un rápido carpetazo interno al caso Pretoria

Las cúpulas de ambos partidos ratificarán hoy las suspensiones de militancia de los imputados

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Dar carpetazo. Por difícil o utópico que parezca entre tanta desazón y perplejidad, es la pretensión con la que esta mañana el PSC y CDC reunirán a sus ejecutivas nacionales. Interpelados unos y otros sobre estados de ánimo y sensaciones es difícil determinar dónde están las cosas peor.

En cualquier caso hoy, con José Montilla y Artur Mas los dos únicos políticos con posibilidades de gobernar Catalunya al frente, PSC y CDC ratificarán las suspensiones de militancia por el caso Pretoria. Los socialistas retirarán el carné al alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, y a sus dos lugartenientes en el consistorio. Los convergentes harán lo mismo, según matizaban el sábado por la tarde a petición propia, con los dos hombres más influyentes de la era Pujol: Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. El ex president, muy afectado, no estará hoy en la reunión. Unas oportunas jornadas en Marraquech le ahorrarán el trago.

Alavedra es muy conocido. Y eso causa estragos en una CDC «acosada»

Las decisiones no pasan del mero trámite. El reto de los dos principales partidos catalanes es ahora cortar la hemorragia de confianza alejándose de las tramas corruptas, por más que duela tratándose de viejos compañeros o mentores.

En la sede del PSC hay pánico a que, si existe, la trama que pivotaría en torno a su ex diputado Luis García, Luigi, alcance a otros ayuntamientos del área metropolitana, su principal granero de votos. El aparato será expeditivo con quienes hayan tenido tratos poco claros con alguno de los implicados en el caso Pretoria.

Mas se esforzará para que la corrupción no lastre su aún buena perspectiva electoral

En CDC nadie piensa que la trama se extienda 'a nadie más' con carné nacionalista y se molestan si se pregunta si Mas u otro dirigente de primera línea pueden salir malparados de las grabaciones que, durante dos años, ha hecho la Guardia Civil a los móviles de Alavedra y Prenafeta.

Ayer La Vanguardia dio a conocer una en que Mas facilita al ex secretario general de la Presidència el teléfono de una concejal de CiU en Cerdanyola del Vallès. La edil se oponía a un proyecto urbanístico por el que Prenafeta tenía interés.

En CDC sí asumen que Alavedra es 'más conocido que Muñoz', y que ello puede provocar que algunos ciudadanos perciban una implicación nacionalista aún mayor.

Pese a todo, de puertas afuera CDC asegurará que no tiene las de perder porque los 'jubilados' Alavedra y Prenafeta no son equiparables a un alcalde de Santa Coloma y vicepresidente de la Diputación. Con este argumento, sus portavoces seguirán deslizando que si el temporal no amaina y amenaza la velocidad de crucero de CiU hacia la Generalitat, será el PSC quien tenga que dar 'más explicaciones'. 'Si hay trama, sale del PSC y no de CDC', razonan.

Amargamente, se quejan de que el PSC 'tuviera más información y por eso, y pese a su amistad, poco después de las detenciones, Zaragoza [secretario de organización] ya cortó la cabeza de Muñoz'. Sin enterrar el argumento de que la Pretoria es, por sus formas, una operación de 'escarmiento' al catalanismo, se muestran indignados porque se les ponga al nivel del PSC.

'Nos acordaremos de este acoso', amenazan recordando también los varapalos recibidos por el convenio entre el Palau y la Fundación Trias Fargas. Unos asuntos que, sobredimensionados o no, lastran a un Mas que, según las encuestas, sólo necesita no cometer errores.

La Audiencia Nacional va a investigar el trato que recibieron los ocho detenidos en Catalunya en la ‘operación Pretoria’ al entrar en este tribunal esposados y con sus pertenencias en bolsas de plástico, expuestos ante los medios de comunicación para ser puestos a disposición del juez el pasado viernes. En un comunicado, la Audiencia dice que la investigación servirá para tomar las medidas oportunas con el fin de “evitar que en el futuro puedan repetirse situaciones similares, tal y como hasta ahora se ha venido actuando en la Audiencia Nacional, sin perjuicio de la naturaleza de los delitos y su gravedad”. El comunicado concluye que los jueces de instrucción “no tienen competencia sobre las condiciones de su traslado y acceso al edificio hasta que acceden a su despacho para prestar declaración”.