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El PSOE confía en CiU y PNV para salvar la reforma laboral

Socialistas y nacionalistas catalanes pactan en el Senado penalizar a los desempleados que rechacen cursos de formación después de 30 días en el paro

YOLANDA GONZÁLEZ

El Partido Socialista emprendió ayer una negociación a contrarreloj para intentar salvar en el Senado el proyecto de ley de reforma laboral que hoy se vota en comisión. El escenario puede ser muy similar al que hace menos de un mes se dio en el Congreso de los Diputados, cuando el PSOE sacó adelante el texto gracias a la abstención de CiU y PNV.

Precisamente ayer en estos grupos parlamentarios se centraban todos los esfuerzos negociadores del grupo socialista en la Cámara Alta, liderado por Carmela Silva.

Hoy se debatirán casi 300 enmiendas presentadaspor los grupos

El principal debate en los despachos de los grupos políticos estaba en la posibilidad de incorporar al texto legislativo una enmienda transaccional de los socialistas encaminada a penalizar a aquellos parados que rechacen realizar cursos de formación mientras cobran el subsidio de desempleo. El texto del PSOE recoge que, 'sin perjuicio de la obligación de acreditar la búsqueda activa de empleo, la participación en las acciones de mejora de ocupabilidad será voluntaria para los beneficiarios de prestaciones contributivas durante los 30 primeros días de percepción, y la no participación en las mismas no conllevará efectos sancionadores'.

La iniciativa reduce el plazo de los cien días que fija la ley actual a los 30. Y supone una corrección de los socialistas sobre sus planes iniciales, en los que no se marcaba ningún tipo de plazo. Un 'error', según reconocen en la formación.

En un momento determinado, el PSOE barajó también la posibilidad de que, además de penalizar el rechazo de cursos de formación, se penalizara también con 30 días la renuncia a aceptar una oferta de trabajo. Finalmente esto no fue incluido en la enmienda.

El PP afirma que «no puede apoyar la reforma de Zapatero»

Al cierre de esta edición, el PSOE contaba ya con el visto bueno de CiU a esta enmienda transaccional y a las otras seis que presentaron. Del mismo modo, en la formación se mostraban muy esperanzados con la posibilidad de que los nacionalistas vascos le diesen su apoyo. 'Parecen estar por la labor', aseguraban fuentes del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado.

Menos disposición se encontraba en el PP, que ya votó en contra del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados y que parece dispuesto a repetir su postura en la Cámara Alta. 'El PP no puede apoyar la reforma laboral que Zapatero llegó al Congreso', aseguraba la senadora conservadora AliciaSánchez Camacho en los pasillos del Senado.

Entrando más al detalle, el PP tampoco acogía con ilusión la transaccional que penaliza a los parados que rechacen cursos de formación. Consideran los conservadores que lo fundamental a la hora de ofrecer formación a los desempleados es que esta se adecue al perfilprofesional del demandante de empleo.

Además, Silva destacó tres de las diez enmiendas presentadas por su grupo. Aquellas, que según sostuvo, están marcadas por un 'profundo carácter social'. Una de ellas, insta a pagar en dinero y no en especie a las trabajadoras del hogar el salario mínimo interprofesional. Otra, establece una revisión en el plazo de un año de las condiciones laborales de los discapacitados. Y en el ámbito educativo, el PSOE se ha hecho eco de la demanda del ámbito universitario que reclama que se pueda ampliar el plazo de los contratos de obra y servicio para los proyectos de investigación. Los socialistas se mostraban también esperanzados deque CiU y PNV se sumasen a estas enmiendas.

Por su parte, el PP ha presentado un total de 70 enmiendas en las que se apuesta por la 'flexibilidad interna de las empresas' y por eliminar 'la discriminación entre los desempleados autónomos y los trabajadores por cuenta ajena'.

Pese a la mayoría del PP en el Senado, el PSOE confía también en sacar adelante el proyecto con la abstención de CiU y PNV. Hoy se debatirán más de 300 enmiendas. El texto volverá al Congreso el 9 de septiembre.

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