La secretaria de Igualdadd del PSOE, Soledad Cabezón, ha dicho hoy que la amenaza del PP de recurrir al Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo es una "coartada" para no pronunciarse abiertamente sobre la nueva regulación.

Así ha respondido a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien ha asegurado que su partido no descarta recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva ley del aborto que prepara el Gobierno por considerar "aberrante" que las jóvenes de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres.

En un comunicado, Cabezón ha lamentado esta "excusa" del PP para dilatar que la ciudadanía conozca su verdadera opinión acerca de la nueva regulación sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

La dirigente socialista ha denunciado "la continua facilidad" del PP "para olvidarse de sus propios actos políticos" y ha recordado que, con el Gobierno del PP, se aprobó en 2002 la Ley de Autonomía y Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación clínica.

Según esta norma, "no cabe prestar el consentimiento por representación" cuando "se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con 16 años cumplidos" salvo en caso de "actuación de grave riesgo", ha precisado Cabezón.

La secretaria de Igualdad ha explicado que los expertos consultados para la elaboración de la ley han señalado que "ésta no sería 'una actuación de grave riesgo', salvo en casos absolutamente excepcionales y menos en las catorce primeras semanas de embarazo".

"En un Estado de Derecho, las motivaciones subjetivas y doctrinales de terceros, incluidos los padres, no pueden prevalecer sobre la decisión de una mujer", ha resaltado Cabezón.

La dirigente socialista ha criticado al PP por incumplir en aquellos territorios donde gobierna el deber de educar a los jóvenes "en una relación de igualdad y equidad", además de "formarlos o informarlos sobre la salud sexual y reproductiva, facilitándoles el acceso a los métodos anticonceptivos".

Ha instado al PP a decir abiertamente a la sociedad si considera que las mujeres españolas que interrumpen su embarazo "tienen que seguir siendo visitadas en su domicilio por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para ser citadas ante un juez o si deben ir a la cárcel".