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El PSOE da una semana de plazo al PP, si no, buscará apoyo de otros partidos

EFE

El PSOE ha lanzado un ultimátum al PP: si en el plazo de una semana no aclara su posición y dice si apoya la reforma del Estatuto, el grupo socialista podría intentar sacarla adelante en el Congreso con el apoyo de otras fuerzas políticas, aunque el PP ha precisado que no está cerrado a ninguna fórmula.

Hoy se han sucedido las reacciones de los grupos políticos después de que la portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, cancelara una reunión con su homólogo del PSOE, José Antonio Alonso, para intentar desbloquear la negociación del texto, aduciendo que había conocido la propuesta socialista a través de un teletipo de Efe, y no de primera mano.

"Pretexto pueril que carece de sentido y fundamento", ha considerado el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, aunque la portavoz del PP regional, Carmen Riolobos, ha dicho que la filtración a la prensa es un "intento de torpedear el Estatuto" para sacar rédito político.

El diputado nacional del PSOE por Toledo y ponente en la reforma del Estatuto, Alejandro Alonso, ha explicado que la oferta de su grupo para sacar adelante el texto estatutario, sobre el que únicamente no hay acuerdo en materia de agua, se ha dado a conocer en muchas noticias, incluso se la entregó él "personalmente" al portavoz adjunto del grupo popular y diputado por Toledo, Arturo García Tizón, interlocutor del PP en estas negociaciones.

La oferta consiste en introducir en el texto una reserva de agua de 6.000 hectómetros cúbicos para uso de Castilla-La Mancha a cambio de retirar la fecha de fin del trasvase Tajo-Segura en 2015 que figuraba en el texto que se aprobó por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Según Barreda, "es una cantidad de agua que garantiza para hoy, para mañana y para pasado mañana todas nuestras necesidades hídricas", por lo que cree que "es inconcebible que el Partido Popular de la región no lo haya apoyado y no haya impuesto a su grupo parlamentario en el Congreso la defensa de estas enmiendas".

Barreda ha opinado que la presidenta del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general a nivel nacional, María Dolores de Cospedal, "se tendría que haber impuesto y tendría que haber obligado a Soraya Sáenz de Santamaría, primero a sentarse, y después a negociar y acordar un texto que beneficia a Castilla-La Mancha".

Sin embargo, para Cospedal "ha pasado algo que no debería pasar y es que el PSOE, en una falta de lealtad inconcebible, y desde luego faltando a la prudencia, al buen ánimo y a la buena fe para que el Estatuto de Castilla-La Mancha llegue a buen término, se dedicó ayer a filtrar lo que pensaba hacer en la reunión".

Ha añadido que, por tanto, se suspendió la reunión porque "si ya sabía por la prensa lo que le iba a contar el señor Alonso, pues no era necesario tener esa reunión".

García-Tizón, por su parte, ha subrayado que al presidente de Castilla-La Mancha no le interesa "en absoluto" que salga adelante la reforma del Estatuto de Autonomía y ha avanzado que en el PP "no estamos cerrados a ninguna fórmula".

Ha comentado que en ninguna de las reuniones que ha mantenido en el Congreso con el grupo socialista para hablar sobre la reforma del Estatuto se le ha presentado una propuesta concreta sino que "se ha hablado de vaguedades y posibilidades".

"No estamos cerrados a ninguna fórmula, a cualquier fórmula que proteja los intereses de Castilla-La Mancha. Fórmulas ha habido en otros estatutos y en alguna reunión yo mismo he propuesto la posibilidad de sondear sobre introducir una reserva estratégica en la cuenca del Tajo", ha admitido García Tizón.

Ha subrayado que el PP "sigue apostando por este Estatuto" y ha dicho: "creemos que puede salir, defendemos que salga y queremos que salga. Lo único que pedimos es responsabilidad, discreción, prudencia y que primen los intereses generales sobre los partidistas o electorales".

La tramitación de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha lleva un año bloqueada en el Congreso, a la espera de que los dos principales partidos se pongan de acuerdo sobre la forma de resolver el problema planteado por el texto aprobado en el Parlamento Autonómico, que fija en 2015 la caducidad del trasvase Tajo-Segura.

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