El PSOE ha registrado este miércoles en la Audiencia Nacional un recurso para que se impugne la amnistía fiscal y para que se adopten medidas cautelares hasta que haya una decisión definitiva al poder derivarse de esa medida 'perjuicios irreparables para la Hacienda pública'. Este recurso completa al que los socialistas ya presentaron ante el Tribunal Constitucional (TC) con el mismo objetivo el pasado mes de junio, que fue aceptado un mes después.

Los socialistas impugnan la orden ministerial que desarrolla el proceso de regularización fiscal argumentando que, 'lejos de someterse al mandato señalado' por el decreto ley Medidas Tributarias y Administrativas para la reducción del déficit público, 'aborda cuestiones no reguladas' en dicho texto en lo relativo a la regularización del dinero en efectivo, asunto que debe ser abordado en una norma con rango de ley. Así, recuerdan que ni en el decreto ley de marzo ni en el decreto de Liberalización del Comercio, que introdujo cambios en la amnistía fiscal, se hacía ninguna referencia al dinero en metálico, que no fue mencionado hasta la citada orden ministerial, en la que se reconocía suficiente 'manifestar, a través del modelo de declaración, el ser titular del (dinero en efectivo) con anterioridad al 31 de diciembre de 2010 o a la fecha de finalización del periodo impositivo' correspondiente, siempre y cuando ese dinero se hubiera depositado en una cuenta bancaria.

El recurso judicial solicita también la adopción de medidas cautelares como la suspensión de la orden por los 'perjuicios irreparables que originaría su ejecución inmediata, toda vez que la amnistía fiscal tiene como fecha límite el 30 de noviembre, por lo que de ser favorable el futuro pronunciamiento sobre el recurso la retroacción de los efectos devendría imposible'. Además, argumentan los socialistas que 'los perjuicios causados serían de muy difícil reparación' y que la suspensión cautelar no supone ningún perjuicio para el interés general 'que deba prevalecer', ni siquiera desde el punto de vista económico, ya que la orden está teniendo un 'dudoso éxito', mientras que la aplicación de las normas vigentes está 'consiguiendo unos resultados excelentes' de recaudación fiscal.'

El portavoz socialista de Hacienda en el Congreso, Pedro Saura, ha anunciado la presentación de este recurso durante su intervención en el debate de totalidad del proyecto de ley de Lucha contra el Fraude celebrado este miércoles en el Pleno del Congreso. 'Recurrimos ante el TC la amnistía fiscal por injusta y por inmoral, y hoy mismo hemos registrado una demanda de alegaciones contra la orden ministerial que desarrolla la amnistía. Porque queremos frenarla en seco, nos parece injusta, muy ineficiente en la lucha contra el fraude e inmoral'.

El proyecto sigue adelante después de que el Pleno haya  rechazado por 292 votos en contra y 15 a favor, la enmienda a la totalidad de la Izquierda Plural (IU-Icv-Cha). Han votado en contra PP, PSOE, CiU, UPyD, PNV junto con CC, UPN y Foro (del Grupo Mixto) y a favor, también del Grupo Mixto: BNG, Geroa Bai, ERC y Compromis. El portavoz de la Izquierda Plural, Cayo Lara, ha defendido su propuesta porque considera que el fraude fiscal hoy 'es más reprobable que nunca', y ha pedido que se cumpla el artículo 31 de la Constitución, que garantiza un sistema tributario 'justo, suficiente y progresivo', es decir, 'garantizar ingresos de la forma más justa' y no introduce impuestos 'injustos' como el IVA.

En el debate, el  ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha defendido hoy las medidas que ha preparado su departamento para luchar contra lo que ha definido como un 'aumento considerable' de la economía sumergida y el fraude fiscal en España.  Montoro ha recordado que entre 2007 y actualmente ha habido una caída en la recaudación que equivale a 7 puntos del PIB (unos 70.000 millones de euros), pero ha argumentado que este escenario no es explicable sólo por la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Por ello, según el ministro, el nuevo proyecto de ley incorpora medidas 'muy importantes' entre las que ha destacado la limitación del pago en efectivo a 2.500 euros en operaciones en las que esté implicado un profesional. Además, las rentas no declaradas no prescribirán y se imputarán al último periodo impositivo no prescrito, al tiempo que se reforzarán las acciones cautelares de la Agencia Tributaria, incluidos embargos, para evitar que los presuntos evasores se declaren insolventes o alcen sus bienes.

La Agencia Tributaria ha retirado la información de la amnistía fiscal del informe mensual de recaudación por tratarse de una medida excepcional de la que solo se informará cuando sea necesario. Así lo han explicado fuentes de la Agencia Tributaria a Europa Press, que no han precisado cuándo se informará de los resultados de esta medida, que vio la luz el pasado 30 de marzo.

La Agencia solo ha publicado los datos de recaudación de esta medida en los meses de junio y julio. En junio, la amnistía aportó solo 18,4 millones al Estado, cantidad que se elevó a 50 millones en el séptimo mes del año. Las cifras distan mucho de los objetivos del Gobierno, que tendría que recaudar 2.450 millones en solo cuatro meses, el mismo periodo que lleva vigente la amnistía fiscal, para cumplir las expectativas fijadas.