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El PSOE recurre la Ley de Costas y promete una nueva cuando gobierne

Presenta su apelación ante el Tribunal Constitucional al entender que rebaja el nivel de protección del ecosistema litoral

EFE

EL PSOE ha presentado esta mañana su recurso a la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional por entender que rebaja el nivel de protección del ecosistema litoral y vulnera los artículos 132, 45, 14 y 9.3 de la Carta Magna. Además,  ha anunciado que elaborará una nueva norma en el momento en el que vuelva a gobernar.

El recurso cuestiona una veintena de preceptos de la nueva Ley de Costas, aprobada en mayo con los únicos votos a favor del PP.  La actual legislación modifica la norma de 1988, que ningún Gobierno había tocado hasta ahora y que entre sus principales novedades destaca la ampliación de las concesiones sobre construcciones de 30 a 75 años.

El secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, ha anunciado que esta norma tiene 'un recorrido muy corto' porque en el momento en el que el PSOE vuelva al poder 'asume el compromiso de colocar entre sus prioridades una nueva ley que devuelva a sus legítimos propietarios' la costa española.En su opinión, el Gobierno ha optado 'por la ocupación sin límite del litoral, a convertirlo en un espacio de negocio cuando debería ser la primera barrera que garantizase la seguridad ambiental de la ciudadanía'.

'Lo que hace el Gobierno es jugar con la seguridad ambiental por encima del interés económico o ambiental', ha añadido Morán, acompañado por el portavoz socialista de Medio Ambiente en el Senado, Miguel Fidalgo, y María Luisa Carcedo, de la dirección del grupo parlamentario.

Ha advertido asimismo de que el Ejecutivo popular 'comete un error' al creer que este recurso es 'meramente' político: 'Lo que el PSOE hace es suplir la abdicación del Gobierno en la defensa del interés general'.

El texto entregado hoy en el registro del alto tribunal argumenta que, en esencia, las disposiciones de la ley recurrida 'son inconstitucionales, en primer lugar, y en algunos casos, por su frontal oposición con el régimen del dominio público diseñado por la Carta Magna y con la defensa y protección del medio ambiente sancionada constitucionalmente', añade el recurso de 120 páginas, en cuya elaboración han colaborado organizaciones sociales, científicas y ambientales.

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