La presidencia española de la UE deberá impulsar el desarrollo legislativo de un mecanismo de "intervención temprana" para resolver crisis bancarias, y buscará fijar una estrategia de "recogida y salida" de las medidas de estímulo tomadas para afrontar la crisis.

Éstos son algunos de los aspectos económicos que el PSOE y el PP han pactado dentro de los ejes que se tratarán durante la presidencia española, y que ambos partidos han plasmado en una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso EFE, que se debatirá y se aprobará en el Congreso de los Diputados.

La iniciativa parlamentaria la firmarán también CiU y PNV, que se han sumado al acuerdo invitados por los dos principales partidos.

Según recuerda la exposición de motivos de la proposición no de ley, el primer semestre del año que viene será un "momento clave" en el que habrá que trabajar para que la UE "recupere la estabilidad financiera, el crecimiento económico y la creación de empleo".

Los principales partidos quieren que España impulse la lucha por la recuperación económica y favorezca que se recuperen los límites del déficit público que establece el Pacto de Estabilidad, sobrepasados por las medidas de estímulo.

Medidas para las que habrá que buscar una estrategia de salida a escala comunitaria, aunque también "atendiendo a las especificidades de los distintos países", señala la iniciativa.

El ámbito financiero centra buena parte de las propuestas que han consensuado socialistas y populares, como la de definir un "sistema de gestión de crisis" o el citado mecanismo de intervención temprana que permita actuar con rapidez si se producen problemas en el sistema bancario.

Además, España deberá abordar en este periodo la regulación de los fondos de inversión alternativos o de aquellos que estén escasamente regulados, ya que estos instrumentos suponen un "potencial de riesgo sistémico".

Profundizar en el mercado único europeo de servicios financieros, promover la colaboración internacional para desarrollar un nuevo orden financiero internacional basado en la transparencia y la responsabilidad o luchar contra los paraísos fiscales son otros compromisos plasmados.

El PSOE y el PP también han pactado que la presidencia española "rechace cualquier forma de proteccionismo" y trabaje por una recuperación económica "sostenible" que evite, además que, las personas y los países más desfavorecidos paguen las consecuencias de una crisis "que ellos no causaron".

Junto a las cuestiones financieras, la iniciativa recoge otras de carácter económico como la de atender al problema del empleo, y por eso España propondrá el seguimiento de la situación del empleo y su evolución en Europa en los debates ordinarios de los Consejos Europeos que se celebren ese semestre.

Además, España se compromete a centrar sus esfuerzos en comercio exterior para conseguir "avances significativos" en la ronda de Doha y en las negociaciones con los países andinos y Centroamérica.

La propuesta incluye al turismo y el transporte como sectores estratégicos, y cuenta con un apartado dedicado sólo a la política energética, en el que reclama un nuevo modelo para hacer frente al cambio climático y de desarrollo de la política comunitaria de conservación de la biodiversidad.

La Política Agraria Común (PAC) cuenta también con un apartado en el que se recoge que la presidencia española trabajará para asegurar que los debates no se dirijan a reducir los recursos presupuestarios, ni contemplen la redistribución de gasto agrario entre los países miembros, y evitar su "renacionalización".