PSOE y PP han firmado un pacto para mantener una postura común durante la presidencia española de la UE en el primer semestre de 2010 en ámbitos como la recuperación de la economía y el empleo, la lucha contra la inmigración ilegal y la protección de los pesqueros contra los piratas en aguas del Índico.

CiU y PNV también han suscrito el acuerdo sobre los objetivos de la presidencia, recogido en una proposición no de ley que se debatirá y votará a principios de diciembre en el Congreso, dos semanas antes de que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, dé a conocer el programa definitivo del mandato español.

Se trata del primer pacto global en materia de política exterior que ambos partidos sellan desde que Zapatero llegó al poder en 2004.

El único punto que ha quedado fuera del texto de 18 páginas, al que ha tenido acceso Efe, es el relativo a la política hacia Cuba.

El PP mantiene su discrepancia con el plan del Gobierno de revisar la llamada posición común europea, que condiciona desde 1996 la relación de la UE con la isla al avance hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos.

A pesar de este desacuerdo, PSOE y PP coinciden en que la UE deberá contribuir durante la presidencia española a "la plena consolidación de la democracia en América Latina, el estado de derecho y al pleno respeto de los derechos humanos".

El ánimo de consenso ha llevado a incluir una mención en el asunto de la piratería en el Índico, en mitad de la riña sobre la gestión que el Gobierno hizo en el secuestro del atunero "Alakrana".

PSOE y PP coinciden en la necesidad de reforzar la presencia de la operación naval "Atalanta" de la UE, con el fin de prestar la mayor protección posible a los buques con ayuda humanitaria de la ONU, así como a "los barcos más vulnerables, incluidos los pesqueros que faenan en la zona objeto de la misión".

El texto está articulado en torno a siete ejes: la recuperación económica; la igualdad de género; el fortalecimiento de la seguridad y la lucha contra la inmigración ilegal; la aplicación del Tratado de Lisboa; el impulso de la UE como actor global; el apoyo a las regiones más alejadas; un modelo energético europeo y el futuro reparto de los fondos de cohesión.

Todas las acciones tendrán en la innovación y la igualdad sus principios comunes y se dirigirán a potenciar el peso de España en la UE, liderando soluciones a retos como la crisis económica o el cambio climático.

En política exterior, se aboga por dar un salto en la relación con Estados Unidos, América Latina y Rusia; abundar en la búsqueda de la paz en Oriente Próximo y ser firmes con Irán, sin descartar "nuevas sanciones efectivas".

Aunque la Alianza de Civilizaciones no se cita, se anima al Gobierno a promover "el diálogo intercultural y entre civilizaciones" y a empujar a la UE a estar al frente de la erradicación del hambre y la pobreza.

Uno de los grandes objetivos es la lucha contra la violencia de género, para lo que secundan la creación de un observatorio europeo y de una orden de protección común y un mayor apoyo a las víctimas.

La cooperación policial se quiere fortalecer buscando fórmulas de acción conjunta, como podrían ser los equipos integrados por agentes de distintos países, y extendiéndola a ámbitos como la lucha contra la falsificación del euro.

Respecto a la inmigración, se apuesta por "la implicación de la UE en la gestión integral de los flujos migratorios", por el refuerzo de las fronteras costeras y por armonizar las reglas de concesión de visados.

En el área económica, la prioridad es sentar las bases de un modelo de crecimiento sostenible que favorezca el empleo, fortalezca el sistema financiero y apueste por una política energética común.

En cuanto a los fondos de cohesión, cuyo reparto deberá renovarse en 2013, PSOE y PP defienden que se tengan en cuenta criterios como el desempleo y la brecha tecnológica, con el fin de que España no se vea muy perjudicada por la pérdida de subvenciones.

Para sumar el apoyo de CiU y PNV, se ha explicitado el interés en potenciar el corredor Mediterráneo y el eje Atlántico como redes de transportes y la línea ferroviaria París-Lisboa a través de Burdeos, Hendaya, Valladolid y Madrid.

El pacto ha sido fruto de las negociaciones lideradas desde hace dos meses por los responsables de Relaciones Internacionales del PSOE, Elena Valenciano, y del PP, Jorge Moragas, quienes lo presentarán en público esta semana.

El PP ha desvinculado finalmente el acuerdo de su petición de que el secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, deje su cargo ante la acusación que pesa sobre él por irregularidades en la concesión de subvenciones a la Fundación Alternativas, cercana al PSOE.