El secretario general del PSPV en Castellón, Francesc Colomer, ha reprochado hoy a los dirigentes del PP su actitud "cómplice" y "encubridora" por "mantenerse en silencio" después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido 15 años de cárcel para el presidente de la Diputación, Carlos Fabra.

Colomer ha hecho hoy estas declaraciones frente a la sede de la institución provincial, donde, rodeado de diputados provinciales y autonómicos y numerosos cargos del partido en Castellón, ha presentado un "manifiesto para la regeneración ética" en el que los socialistas piden la dimisión de Fabra.

El también portavoz socialista en la Diputación de Castellón ha sostenido que, tras conocerse el auto de acusación de la Fiscalía, "en política está cantado que se debe reaccionar" ya que, en su opinión, "una persona que está acorralada de esa manera no puede permanecer ni un minuto más al frente de una institución pública".

"Yo creo que el servicio que debería hacer, tal vez el último y definitivo, sería abandonar la Diputación y permitir desligar su imagen del icono de corrupción en toda España de la provincia de Castellón", ha manifestado.

Ha criticado la "irresponsabilidad" de la dirección nacional del PP por "mirar para otro lado" y no exigir la retirada del presidente del partido en Castellón, a la vez que ha admitido que del PPCV no esperan "nada" en este sentido.

En el manifiesto, avalado por el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, los socialistas aseguran que "Castellón es una tierra de ciudadanos honrados que aspiran a que sus políticos también lo sean", por lo que creen que la provincia "no merece permanecer más tiempo vinculada a los casos de corrupción que lastiman su imagen y buen nombre".

Colomer ha remarcado que la Fiscalía Anticorrupción acusa a Fabra de tráfico de influencias, cohecho, y fraude fiscal, que a su juicio son "los delitos más graves que pueden afectar a un responsable público".

"La permanencia del acusado en sus cargos públicos y, más allá, el desprecio sistemático a dar explicaciones sobre el origen de sus ingresos millonarios y las causas de los mismos, constituye un desafío inaceptable a los principios morales que sustentan la convivencia democrática", sostienen los socialistas en el manifiesto.