Publicado: 04.04.2014 09:02 |Actualizado: 04.04.2014 09:02

La querella argentina pide la imputación de otros 15 franquistas

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Fueron ministros de Franco, y ahora encabezan el listado de imputaciones que este viernes presentan los abogados de las víctimas del franquismo ante la Justicia argentina. Antonio Carro, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera, José María Sánchez-Ventura y Alfonso Osorio, son, en realidad, parte de un elenco que incluye también a dos ex miembros de la Judicatura militar y a ocho policías.

El abogado de la querella Carlos Slepoy presenta este viernes, junto con Máximo Castex, este elenco de nombres ante el juzgado de María Servini de Cubría, instructora de la causa que investiga los crímenes del franquismo. Lo hace un día después de la vista pública que celebró la Audiencia Nacional para estudiar el reclamo argentino de extradición sobre el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, y a seis de la que se celebrará para dilucidar lo mismo con respecto al ex inspector Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.

Público ha tenido acceso en exclusiva al escrito, en el que se pide a la jueza que "dicte órdenes internacionales de detención respecto de Antonio Carro Martínez [ex ministro], Licinio de la Fuente de la Fuente [ex ministro], Antonio Barrera de Irimo [ex ministro], José María Sánchez-Ventura Pascual [ex ministro], Alfonso Osorio García [ex ministro], Jesús Quintana Saracíbar [policía], Carlos Rey González [ex miembro de la Judicatura], Antonio Troncoso de Castro [ex miembro de la Judicatura], Jesús González Reglero [policía], Ricardo Algar Barrón [policía], Félix Criado Sanz [policía], Pascual Honrado de la Fuente [policía], Jesús Martínez Torres [policía], Benjamín Solsona Cortés [policía]  y Atilano del Valle Oter [policía], a efectos de que sean detenidos por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y luego sean extraditados".

En total son cinco ex ministros franquistas, ocho policías, y dos ex miembros de la Judicatura militar de la dictadura: 15 acusados que se suman a los nueve presentados el año pasado. Sobre dos de estos últimos, Muñecas y Billy el Niño (más otros dos que en realidad habían fallecido), la jueza solicitó en septiembre del año pasado la detención internacional y la consecuente extradición.

Los cinco ex ministros, el ex miembro de la Judicatura Carlos Rey y el policía Jesús Quintana Saracíbar podrían enfrentar penas de reclusión perpetua, según los abogados, por "homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas". Troncoso de Castro, por tentativa de homicidio agravado, podría ser condenado a entre 15 y 20 años de prisión, mientras que a los otros siete policías les correspondería la pena de entre 8 y 25 de cárcel por los delitos de torturas. "A Atilano del Valle Oter le resulta asimismo aplicable la pena de 15 a 20 años de reclusión por tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas", sostiene el texto.

Para todos ellos se pide la fijación de audiencias indagatorias, órdenes de detención internacional por medio de Interpol, y la solicitud a España de que curse prisión preventiva contra los acusados como paso previo a la extradición diplomática. "Los delitos han sido instrumentales para la comisión de un genocidio o, subsidiariamente, constituyen crímenes de lesa humanidad", concluye el escrito, "por lo que, en uno u otro caso, la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de justicia universal". Con la información que se presenta en el nuevo escrito, quedan representados, entre otros, el Proceso de Burgos y el caso Puig Antich, muy significativos en la causa que se impulsa desde Argentina.

El juzgado de Servini de Cubría, mientras tanto, trabaja todavía en posibles pedidos de extradición, como el de los ex ministros franquistas Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), que fueron los primeros miembros del Ejecutivo franquista en ser denunciados ante la Justicia argentina.
Entre los pedidos de procesamiento hay ocho policías, como ya adelantó este diario, entre los que se encuentra Jesús Martínez Torres, jefe de policía en San Sebastián, y desde 1982 y hasta 1994, comisario General de Información (a cargo del espionaje policial) durante el Gobierno del PSOE. En 2013 le fue concedido el título comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía.

Antonio Carro Martínez (Lugo, 1923)

Firmó la sentencia de muerte que ejecutó por garrote vil al anarquista Salvador Puig Antich el 2 de marzo de 1974. Doctor en derecho, fue el último ministro de la Presidencia que tuvo el Gobierno de la dictadura (cargo que mantuvo de enero de 1974 a diciembre de 1976). Como tal, firmó también las últimas condenas de muerte que ordenó el régimen, y que ejecutaron por fusilamiento, el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, a José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui Etxebarria.

También ha sido profesor en la Universidad de Madrid y letrado en el Consejo de Estado. Se mantuvo en política como diputado en la Legislatura Constituyente de España (1977-1979) y a lo largo de cuatro legislaturas más como diputado electo del PP en la provincia de Lugo. Algunas de las víctimas del franquismo que se han querellado contra él son Merçona Puig Antich; María Vitoria Sánchez Bravo Xolla; Flor Baena Alonso, Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar, Pablo Mayoral Rueda y Fernando Sierra Marco.

Licinio de la Fuente ( Noez, Toledo, 1923)

Al igual que Carro Martínez, firmó la sentencia de muerte de Puig Antich mientras era vicepresidente del Gobierno de Carlos Arias Navarro, puesto que tuvo entre 1974 y 1975. De 1969 a 1975 fue también ministro de Trabajo. Después se convertiría en uno de los fundadores de Alianza Popular y del Partido Popular (PP), antes de desembarcar en el ámbito privado y convertirse en consejero de hasta siete empresas (Dragados y Construcciones, Banco Central Hispano Hipotecario, Banco Gallego, Banco de Granada, Banco Internacional del Comercio, Española del Zinc, Ibermutua). Merçona Puig Antich se querella contra él.

Antonio Barrera de Irimo (Ribadeo, Lugo, 1929)

Antes de dimitir como vicepresidente segundo del Gobierno franquista en 1974, firmó la sentencia a muerte de Salvador Puig Antich. Un año antes se desempeñó como ministro de Hacienda, siempre con Carlos Arias Navarro como presidente. Se licenció en Derecho y Economía. Su trabajo en la esfera privada comenzó a desarrollarse antes de llegar al Gobierno. Fue presidente de Telefónica de 1964 a 1973. En la actualidad, es vicepresidente de Unión Fenosa, consejero de Bull S.A, y presidente de Autogrill España. Su nombre figura en la querella presentada por Merçona Puig Antich.

José María Sánchez-Ventura Pascual (Zaragoza, 1922)

A los cuatro meses de ser nombrado ministro de Justicia, en marzo de 1975, firmó la sentencia de muerte de los últimos cinco fusilados del franquismo, ejecutados el 27 de septiembre de 1975 (mencionados arriba). Licenciado en Derecho, ocupó varios puestos de relevancia antes de llegar al Ejecutivo franquista. De 1958 a 1961 dirigió el Colegio Mayor Universitario San Pablo, de Madrid. Entre 1966 y 1970 fue Delegado del Gobierno en el Canal de Isabel II de Madrid. En 1967, además, estuvo al frente del Consejo de Administración del periódico Informaciones. Está inculpado en los testimonios de Flor Baena Alonso. María Victoria Sánchez Bravo, Manuel Blanco Chivite, Pablo Mayoral Rueda, entre otros.

Alfonso Osorio García (Santander, 1923)

Fundador de la UDE y diputado de la UCD, fue Ministro de la Presidencia durante el primer Gobierno de la monarquía, (diciembre de 1975-julio de 1976, con Arias Navarro). Licenciado en Derecho, y tras ser Subsecretario de comercio en 1965 y presidente de RENFE en 1968, fue vicepresidente de la petrolera British Petroleum en España. Los años que no estuvo en el Gobierno, entre 1965 y 1990, fue presidente de PETROMED. Se lo considera responsable, junto con otros, de la matanza de Vitoria del 3 de septiembre de 1976, que terminó con la vida de cinco personas. Está imputado en las querellas de Andoni Txasco y José Luis Martínez Ocio.




Diplomado en Derecho Penal Militar, fue Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, Ex fiscal del Tribunal Supremo, Ex vocal del Tribunal Marítimo Central y abogado del Ilustre Colegio de Madrid. Durante la dictadura, fue vocal ponente del Consejo de Guerra Sumarísimo 31/69 que se aplicó contra 16 miembros de ETA acusados del asesinato de tres personas, en lo que se conoció como el Proceso de Burgos, en diciembre de 1970. Además participó en varios consejos de guerra y causas militares que enjuiciaron a opositores antifranquistas entre 1963 hasta el fin del régimen.

Como vocal ponente de los consejos de guerra, estaba encargado de asesorar jurídicamente al Tribunal y de redactar la sentencia. Ante el Proceso de Burgos, sentenció con dos condenas de muerte a Eduardo Uriarte Romero, Jokin Gorostidi Artola y Xabier Izko de la Iglesia; Mario Onaindia Natxiondo, Xabier Larena Martínez y Unai Dorronsoro Ceberio fueron sentenciados a una pena de muerte; y Jon Etxabe Garitacelaya y Enrique Guesalaga Larreta, a 50 años cada uno. Estos dos últimos son los que contra él se querellan.

También figura en las querellas de Ignacio García Arramberri y Jon Arrizabalaga Basterretxea, que fueron juzgados en el proceso 28/69 que sentenció a muerte al hermano de este último, Andoni, y de Alberto Gabikagogeaskoa Mentxaka, Josu Naberan Naberan y Javier Amuriza Zarraonoindia, enjuiciados a su vez en el proceso 66/69 (el llamado proceso a los curas vascos).


Como vocal del Consejo de Guerra que juzgó a Puig Antich, fue el único redactor de la sentencia a muerte por garrote vil que sentenció al antifranquista. Hoy es abogado en Barcelona, y ha representado a la presidenta del PP en Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, en el caso de espionaje político de la agencia Método 3, ya archivado. Contra él ha testimoniado Merçona Puig Antich.