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Quince años de escándalos

Los ocho rostros más conocidos de la corrupción en España

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Juan Guerra. El despacho más famoso

Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del Gobierno español y hoy presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, fue juzgado en 1995 por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones a través de un despacho ubicado en la Delegación del Gobierno en Andalucía . Juan Guerra, condenado sólo por fraude fiscal, se declaró insolvente, de manera que para recuperar lo más de 253.000 euros que debía a Hacienda, la justicia puso a subasta 2004 dos pisos y un Mercedes de su propiedad.

El financiero Javier de la Rosa se hizo famoso cuando, en la segunda mitad de los noventa, estalló el ‘caso KIO', en el que el presuntamente se apropió indebidamente de unos 500 millones de dólares cuando era el administrador en España de las inversiones del grupo KIO (Kuwait Investments Office). Su gestión derivó enen una suspensión de pagos del grupo KIO España por valor de unos 1.800 millones. De la Rosa, condenado a penas de prisión, tiene la totalidad de sus bienes embargados pero el dinero aparentemente sustraído n aparece. Informaciones periodísticas aseguran que oculta su fortuna a través de una fundación de Luxemburgo.

Durante doce años el que fuera secretario de Estado para la Seguridad y subsecretario de Interior Rafael Vera, sustrajo de los fondos reservados 141 millones de pesetas para su lucro personal y otros 504 millones para repartirlos entre sus subordinados. En 1998 fue condenado a siete años, pena que se sumó a la de 10 años impuesta por el Supremo por el secuestro de Segundo Marey. Por la malversación de los caudales públicos Vera no ingresó en prisión hasta 2005, y tan sólo un año después consiguió el tercer grado del que sigue disfrutando hoy. Las arcas del Estado no han recuperado los más de 600 millones de pesetas que sustrajo.

El banquero Mario Conde, símbolo del progreso y de la prosperidad económica durante los años 80, fue condenado en 2004 a 20 años de cárcel por estafa, apropiación indebida y falsedad documental, después de que en su etapa al frente de Banesto se quedara con 7.000 millones de pesetas. Pese a que la condena le fue impuesta hace tan sólo cinco años, Conde ya está en libertad. El banquero tan sólo ha devuelto una pequeña parte del dinero que sustrajo a los inversores de Banesto. Este mismo año insinuó, en una entrevista en televisión, que su condena fue fruto de una trama de intereses políticos.

Luis Roldán, director de la Guardia Civil hasta 1993, se apropió de 1.700 millones de pesetas a través de los fondos reservados del Estado y de comisiones por obras. Los delitos por los que se le condenó fueron malversación de fondos públicos, cohecho, estafa contra la Hacienda Pública y falsedad de documento mercantil. De los 12 millones de euros que Roldán debe reembolsar al Estado en concepto de responsabilidad civil no ha devuelto nada. Roldán cumple condena en la cárcel a pesar de que cuenta desde 2005 con un régimen que le permite ausentarse de prisión. Se prevé que quede en libertad el 19 de marzo de 2010.

El ex presidente navarro, del PSOE, fue el protagonista de un sonado caso de cobro de comisiones millonarias a empresas constructoras en la adjudicación de obras públicas. Fue condenado en 1998 junto a Antonio Aragón Elizalde, ex consejero de Obras Públicas, sus respectivas esposas, Roldán y el testaferro Jorge Esparza a 11 años de prisión y 780 millones de pesetas de multa -600 por cohecho y 180 por fraude-. En 1999 la Justicia suiza devolvió a España 149 millones de pesetas de una cuenta de Urralburu en el país centroeuropeo. Posteriormente, otro juez suizo embolsó otros 36. En 2003 se le concedió la libertad condicional.

Desde 1992 y hasta 2001, la agencia de valores Gescartera se dedicó a realizar actividades para lucrarse defraudando a sus clientes, entre los que se incluían, ONGs, fundaciones y empresas públicas. En concreto la sociedad desviaba los fondos invertidos por sus clientes hacia sociedades de constitución fraudulenta para así hacerlos suyos. Su presidente, Antonio Camacho, fue condenado en 2008 a 11 años de prisión por apropiación indebida y falsedad documental. El empresario se había embolsado gracias a los inversores unos 12 millones de euros. Los afectados no han cobrado aún ni un euro de lo que invirtieron.

Era la mano derecha del ya fallecido Jesús Gil, y el principal asesor de los asuntos de urbanismo en el ayuntamiento de Marbella. Juan Antonio Roca es, además, el presunto cabecilla de la trama de corrupción del ‘caso Malaya' destapado en 2007. El día 9 se supo que el entramado del caso sobre la corrupción municipal e inmobiliaria del municipio logró blanquear 669,6 millones de euros. La mayor parte provenía de pagos recibidos a cambio de favores urbanísticos en esta ciudad. Roca, imputado por malversación, se encuentra en libertad a la espera de que se celebre el juicio.