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Radiografía judicial del fútbol español

JORGE YUSTA

Los crecientes problemas con la Justicia de numerosos mandatarios de clubes de fútbol pone en entredicho la credibilidad del mayor espectáculo de masas de España. Juan Bautista Soler, José María Del Nido, Sandro Rosell, Augusto César Lendoiro o Agapito Iglesias protagonizan los casos más recientes pero ya Jesús Gil y José María Ruiz-Mateos acumularon un amplio historial delictivo en su día. Todo ello, unido a la crítica situación económica del fútbol español, dibuja un panorama desolador.

El mundo del fútbol está acaparando en los últimos años demasiadas portadas que en nada tienen que ver con los éxitos deportivos y sí con sus mandatarios enfangados en problemas judiciales. El último caso ha sido el esperpento de la detención del expresidente del Valencia, Juan Bautista Soler, por intentar secuestrar a Vicente Soriano, su sucesor en el cargo. Pero la lista comienza a hacerse ya interminable. Los que antes ocupaban los palcos de los estadios ahora se sientan en los banquillos de los acusados.

Detenidos, imputados, condenados y encarcelados. Del Nido, Rosell, Núñez, Ruiz de Lopera, Lendoiro son las muestras más visibles de que el fútbol español huele cada vez peor. Unos por cometer delitos ejerciendo sus cargos futbolísticos y otros por sus problemas fuera de los estadios, todos han terminado por quedar expuestos a la acción de una Justicia que cada día parece tener más trabajo. La falta de ética se ha instalado en las juntas directivas y la corrupción no encuentra límites. Y todo ello, mientras esos mismos gestores han provocado en los clubes unos agujeros económicos desproporcionados.   

Muchos de los males que padece el fútbol español en la actualidad tienen su origen en la famosa Ley del Deporte de 1990, por la que se creó la figura de la Sociedad Anónima Deportiva. Pese a que el propósito era la de dotar de un mayor control y transparencia a las estructuras del fútbol profesional, la realidad acabó siendo otra bien distinta. Se obligó a los clubes con deudas a transformarse en SAD y se las diferenció de los aparentemente saneados, que pudieron mantenerse como clubes deportivos. Entre ellos se encuentran los dos clubes más poderosos de este país, Real Madrid y Barcelona. Así, lo que terminó provocando la ley del 90 es que la gran mayoría de clubes de Primera pasaran de ser propiedad de sus socios a quedar en manos de aquel que se hiciera con el mayor número de acciones, como en una empresa cualquiera. Eso propició la irrupción en el fútbol de empresarios, sobre todo provenientes del ámbito de la construcción, que tan solo buscaban notoriedad, poder y que en muchos casos convirtieron a los clubes en refugios opacos de sus capitales.

Por tanto, todo ello ha derivado en que se hayan apropiado del enorme legado histórico y social de muchas instituciones deportivas personajes poco o nada ejemplares. El resultado es que la mayoría de SAD ha terminado en la ruina y han provocado un agujero económico en el fútbol español de escándalo. Creyéndose ajenos a la acción de la Justicia, muchos dirigentes han gestionado de forma desleal e irregular los clubes hasta hundirlos. Otros han invertido dinero de dudosa procedencia en el fútbol para darle apariencia de legalidad y los que hay que aprovechándose de la influencia conseguida gracias a él han delinquido fuera de los muros de los estadios. Y ni qué decir que estos mandatarios corruptos se han aprovechado de la connivencia y laxitud de las autoridades españolas. Por eso, el creciente número de detenidos, imputados, enjuiciados y condenados tan solo es la consecuencia de la manga ancha tanto política como judicial de la que han disfrutado y que ha propiciado que la corrupción lleve instalada en los clubes de fútbol españoles desde hace mucho tiempo.

Una frase del ínclito Jesús Gil resumiría a la perfección las intenciones de todas estas personas: 'Compra un equipo de fútbol, tendrás a la prensa cada domingo en tu casa'. Precisamente, él encabezada una de las familias, junta a la Ruiz-Mateos, que se convirtieron en el paradigma corrupto al que nos referimos y que bien podrían inspirar la versión española de la serie Los Soprano. Tanto él como José María Ruiz-Mateos controlaron durante años dos clubes como el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, acumularon numerosas condenas y pasaron varias épocas de sus vidas entre rejas.

Jesús Gil y Gil, fallecido en 2004, acumula uno de los historiales delictivos más largos de este país tanto por sus fechorías en el Atlético de Madrid como desde la alcaldía de Marbella. Pasó tres veces por la cárcel aunque tan solo pasó a la sombra escasos días en todos los casos. La primera vez fue en 1969 cuando fue condenado por el hundimiento de un comedor en la urbanización de Los Ángeles de San Rafael del que era promotor y propietario. Fallecieron 58 personas. Pasó año y medio en la cárcel y fue indultado por Franco tras pagar 400 millones de pesetas. El periodo de mayor esplendor de Gil llegaría al conjugar su presidencia del Atlético, desde 1987, con la alcaldía de Marbella, desde 1991. Para empezar, junto a Enrique Cerezo se apropió de la propiedad del club rojiblanco sin poner un duro al hacerse con más de 236.000 acciones. En 2004, con Gil ya fallecido, el Supremo les absolvió a ambos del delito de apropiación indebida por haber prescrito. Sin embargo, el pasado mes de febrero el TS declaró nula la ampliación de capital que en 2003, cuando el club estaba intervenido, realizaron Gil y Cerezo al entender que existió fraude de ley.

Sí fue condenado Gil junto a su hijo Miguel Ángel Gil Marín, actual máximo accionista del club, a un año y medio de cárcel por un delito de estafa al simular contratos a cuatro jugadores africanos y birlar al Atlético 16,2 millones de euros. La pésima gestión de los Gil desembocó en que en 1999 la Audiencia decretara la intervención judicial del club para a los pocos meses reponer en sus puestos a los antiguos mandatarios. En 2000 Jesús Gil fue de nuevo condenado a 28 años de inhabilitación y seis meses de arresto por cuatro delitos de prevaricación al poner en las camisetas del Atlético publicidad de Marbella y desviar 45 millones de pesetas del ayuntamiento andaluz al club. Tan solo durmió tres noches en prisión. Y su último encarcelamiento fue por el caso Saqueo por el desvío de 26,7 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella a empresas privadas entre 1991 y 1995. Para remate, el actual director deportivo del club, José Luis Pérez Caminero fue imputado por narcotráfico y blanqueo de capitales.

Los líos judiciales de la extensa familia Ruiz-Mateos arrancan en los años 80 con el holding Rumasa siguen extendiéndose hasta nuestros días con implicaciones incluso en la causa de los ERE falsos en Andalucía. Su cabeza visible, José María, atesora un historial nada despreciable. Múltiples condenas, expropiaciones, esperpénticas actuaciones en los juzgados, puñetazos a ministros, disfraces, partidos políticos y un largo etcétera. Ya en 1983 el Gobierno expropió a la familia el holding de empresas Rumasa al entender que había eludido millonarios pagos a Hacienda. José María Ruiz-Mateos pasó esos años eludiendo sus citaciones judiciales e inmerso en pagos continuos de fianzas para no pasar en la cárcel más tiempo del necesario. En 1991 se convierte en propietario del Rayo Vallecano y llegó a ser eurodiputado.

La mala gestión del club franjirrojo le llevó a ser intervenido judicialmente y a terminar jugando en Segunda B. Hoy todavía, la Justicia sigue pendiente de si los Ruiz Mateos siguen controlando el Rayo y si el actual presidente Raúl Martín Presa ejerce de su testaferro. Sin embargo, en noviembre de 2013 un juzgado de lo Penal tuvo que absolver a la familia de trece delitos contra Hacienda por el impago del IVA y las retenciones del IRPF desde 1996 a 2002 por parte del Rayo. Así, los Ruiz-Mateos se libraron de pagar 18,5 millones y todo por la mala actuación de la Fiscalía y la Agencia Tributaria. En 2005, José María también es condenado a tres años de cárcel por alzamiento de bienes al lucrarse de forma ilegal del inmueble sede de Mundo Joven. En 2007 ingresó en prisión y salió de ella tres días después. Sus últimas fechorías tienen que ver con un nuevo fraude en la emisión de pagarés de Nueva Rumasa y por una supuesta estafa de 7,3 millones en la venta de un hotel en Mallorca. Por esta causa fue detenido en 2012 y desde entonces no puede salir de España a la espera de que se resuelva el caso. Mientras, cuatro de sus hijos están imputados por la juez Mercedes Alaya.

Sin salir de la capital de España, los recientes presidentes del Real Madrid también han tenido sus escarceos con la Justicia. Ramón Calderón tuvo que responder por cuatro presuntos delitos, entre ellos el de fraude en los votos en la Asamblea del club de 2008. Dimitió pero todavía no ha sido condenado por ninguna causa judicial. Muchos y variados fueron los delitos imputados a Lorenzo Sanz, otro expresidente blanco. En octubre de 2013 fue absuelto pese a que la Fiscalía pedía seis meses de cárcel por una supuesta estafa en la venta de unos terrenos en San Fernando de Henares. Florentino Pérez es un ejemplo perfecto de empresario de la construcción y presidente de fútbol y lo que ello implica. Todavía sigue coleando el pelotazo urbanístico que supuso la recalificación de los terrenos de la antigua ciudad deportiva de La Castellana, la construcción de las cuatro torres actuales y el dinero conseguido para construir el actual complejo de Valdebebas. Todo se hizo con Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde. Y también queda pendiente la conclusión de la Comisión Europea sobre la investigación abierta por las ayudas estatales recibidas. Los últimos órdagos de Florentino son la remodelación del Santiago Bernabéu y las condiciones leoninas que quiere imponer para acceder a la presidencia del club blanco.

Otros históricos del fútbol español con serios problemas judiciales son José María del Nido, Manuel Ruiz de Lopera, Augusto César Lendoiro o Josep Lluís Núñez. El más flagrante es el caso del primero, que ingresó en la cárcel el pasado 5 de marzo, meses después de ser condenado por el Supremo a siete años de prisión por delitos de prevaricación y malversación en el caso Minutas. El abogado y ya expresidente del Sevilla cobró 2,7 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella por servicios jurídicos que nunca efectuó. Su compinche fue Julián Muñoz. Del Nido hizo lo imposible por evitar la cárcel e, incluso, contó con una carta de apoyo de la mayoría de presidentes de Primera, del de la Federación y el de Liga en la que solicitaban su indulto. Uno de sus antecesores en el cargo, José María González de Caldas, fue detenido y juzgado por la operación Malaya. Fue condenado a ocho meses de cárcel y 30.000 euros de multa.

En el otro club de la ciudad hispalense, Manuel Ruiz de Lopera ha campado a sus anchas desde los años 90 en el Betis y también fue de los que se aprovechó de la conversión de los clubes en SAD para acabar siendo el accionista mayoritario del club verdiblanco. Fue condenado en 2006 por delito contra la Hacienda Pública, en su gestión al frente del Betis, le fueron impuestas dos penas de siete meses y medio de cárcel, además del pago de una multa de casi cinco millones de euros. La juez Mercedes Alaya ha imputado a Lopera un delito societario continuado y le acusa de haberse apropiado indebidamente de 25 millones de euros del Betis. En 2010 anunció la venta de su paquete de acciones a Luis Oliver, por unos 18 millones de euros, aunque dicha venta no se llegaría a producir. El club sigue en concurso de acreedores, intervenido judicialmente y administrado por Francisco Estepa.

A Coruña es sinónimo de Lendoiro, otro de los mandatarios que ha tenido que dejar recientemente la presidencia de un club por problemas judiciales. El Deportivo no había conocido otro presidente desde 1988. Este pasado enero le sucedió Constantino Fernández Pico. Pese a comandar el histórico Superdépor de inicios de los 90, Lendoiro ha terminado por llevar al club a una situación financiera insostenible y fue imputado en 2009 por una supuesta falsificación de la firma del exauditor de las cuentas de la entidad para conseguir la licencia UEFA y poder disputar competiciones europeas.

Y de Lendoiro a Núñez, que continúa envuelto en procesos con la Justicia y que visto hace bien poco como el Supremo le rebajaba la condena por el caso Hacienda de seis años de cárcel a dos. El mandatario que ocupara el sillón presidencial del Barça durante 22 años formó parte de una trama corrupta que sobornaba a altos cargos de la Administración tributaria para eludir pagos de impuestos. Otros expresidentes ya fueron imputados en su día. Joan Gaspart lo fue por una presunta apropiación indebida de un seguro profesional de los pilotos de Spanair y Joan Laporta declaró en su día como imputado por un delito de injurias.

No anda últimamente el Barça para bromas con las autoridades judiciales y futbolísticas. Sandro Rosell dimitió el pasado 23 de enero, un día después de que el juez Ruz admitiera a trámite una querella por supuesta apropiación indebida en la modalidad de distracción por el fichaje del brasileño Neymar. La justicia sigue investigando si el Barça pagó más de los 57 millones de euros oficialmente declarados e incluso el Barça, como entidad jurídica, ha sido imputado. El ya exdirigente azulgrana también se tiene que enfrentar a una petición de ocho años de cárcel que se ha hecho efectiva en Brasil. La última bofetada se la ha dado la FIFA, al sancionar al club azulgrana prohibiéndole fichar hasta el verano de 2015 por violar su normativa al fichar a varios jugadores menores de 18 años.

Lejos de las grandes ciudades la geografía española está plagada de directivos que han pasado de los palcos a los banquillos de los acusados y que debido a sus nefastas gestiones han terminado hundiendo la trayectoria deportiva de sus equipos. En el Racing, por ejemplo, llevan juntándose todo tipo de circunstancias desde la aparición del inefable Dimitri Piterman. Hace diez años se hizo con el control del club y termino compareciendo ante un juez imputado por la querella interpuesta por unos aficionados ante los reiterados insultos y sus particulares modos de gestionar el equipo, entre los que se encontraban atribuirse facultades para también entrenar al equipo. Sin embargo, sus problemas con la justicia no acabaron ahí. Tras dejar el Racing, se hizo cargo del Alavés entre 2004 y 2007 y por su gestión fue condenado a quince años de inhabilitación y a indemnizar al club con 6,8 millones de euros, tras ser considerado culpable de llevar al equipo a un concurso de acreedores.

En El Sardinero volvió a aterrizar otro aprovechado del fútbol como el inversor indio Ali Syed. Compró por 15 millones el paquete de acciones que le daban control sobre el club, solo pagó medio millón y casi ni pisó el estadio. Anda en busca y captura por la Interpol y colocó como hombre de paja a Ángel Lavín, ‘Harry'. Con él, el Racing se hundió hasta Segunda B, entró en concurso de acreedores y los trabajadores acumularon meses sin cobrar sus nóminas. El pasado mes de enero, con motivo de la huelga de sus jugadores en el partido copero ante la Real Sociedad, se logró un cambio de rumbo al elegir como nuevo presidente al exjugador Juan Antonio Sañudo.

En Zaragoza, Agapito Iglesias es otro de los mandatarios que no predica con el ejemplo. El todavía propietario del club ha declarado como imputado por un presunto desvío de 50 millones de euros en las obras de construcción de la plataforma logística Plaza de Zaragoza y no se le ha ocurrido otra cosa que incluir su paquete accionarial en el club aragonés como parte de la fianza solidaria de 18,8 millones de euros que le ha impuesto el juez. Por su parte, el expresidente del Athletic de Bilbao Fernando García Macua también fue imputado por un delito fiscal. El presidente Alfonso García se enfrentó a una petición de un año de cárcel por la construcción de viviendas sin licencia de obras, como promotor de Almanzora Country Club. Y el del Espanyol, Daniel Sánchez Llibre fue imputado por un presunto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales relacionados con el traspaso de Sergio González al Deportivo. Y la lista de agravios a la legalidad se extiende también a clubes como el Mallorca, el Hércules, el Murcia, el Granada...

Por último, merece mención especial el presidente de la Federación Española, Ángel María Villar. Otro de los aferrados al poder desde hace ni más ni menos que 26 años y cuya labor ha sido seguida de cerca por los tribunales. En 2010, el máximo mandatario del fútbol español era absuelto de delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental. También ha sido objeto de investigación el posible uso de fondos de la Federación para costear viajes privados de sus directivos. Y la Justicia sigue con el ojo puesto en los terrenos que cedió de una manera muy poco transparente el ayuntamiento de Las Rozas a la Federación para construir la Ciudad del Fútbol.

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