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Rajoy no mueve ficha y se instala en la teoría de la conspiración

Ricardo Costa admite que el PP no debería haber trabajado con Orange Market y se reconoce en las transcripciones difundidas

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Mariano Rajoy se queda de brazos cruzados. Tras conocer el informe policial que apunta hacia una posible financiación irregular en el PP valenciano, el líder de los conservadores se remite a los tribunales y deja en manos de Francisco Camps la línea estratégica de defensa.

El jefe de la oposición llamó ayer al presidente de la Generalitat para transmitirle que sigue confiando en él y decirle que cuenta con todo su apoyo en las acciones legales que decida emprender.

La dirección nacional no va abrir ninguna investigación interna, no va a exigir la dimisión de los implicados en el caso Gürtel, ni siquiera les va a reclamar sus carnés de militantes. En vez de dar explicaciones o actuar, el PP vuelve a enrocarse en la teoría de la persecución.

En el PP están nerviosos y preocupados por el informe policial

La cúpula salió ayer en tromba a denunciar el complot orquestado por el Ministerio del Interior y a espantar el fantasma de Filesa de sus filas.

La secretaria general, María Dolores de Cospedal, mantuvo que la contabilidad del PP 'es auditada todos los años por el Tribunal de Cuentas y es legal'. El secretario general del Grupo Parlamentario Popular, José Luis Ayllón, afirmó que se trataba de 'un episodio más de la doble vara de medir' al PP. El vicesecretario de Política Autonómica y Local, Javier Arenas, sentenció que la acusación de financianción ilegal era 'radicalmente falsa'. El vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons, habló de 'montaje'. Al igual que el responsable de Justicia, Federico Trillo, quien denunció, además, que esta situación no era propia 'de un Estado de derecho'.

En el PP conocían la existencia de dicho informe desde el pasado 31 de julio. Por eso ayer todos sus dirigentes recordaron que la documentación había sido presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y que este la había rechazado en dos ocasiones.

El 3 de agosto, tan sólo unos días después, se archivaba la causa contra Camps. Una decisión que se produjo con el voto a favor del presidente del Alto Tribunal, Juan Luis de la Rúa, amigo personal del líder valenciano. El pasado 4 de septiembre Rajoy iba a celebrarlo a la Plaza de Toros de Valencia. Desde entonces el presidente nacional del PP da el caso por 'terminado'.

Rajoy llamó a Camps para mostrarle su apoyo y confianza

En la sede conservadora se ha instalado la idea de que no hay mejor defensa que un buen ataque. Por eso ayer, todos a una, también se lanzaron contra Alfredo Pérez Rubalcaba.

Era el eco de lo que resonaba desde primera hora de la mañana en la Comunitat Valenciana donde Ricardo Costa había señalado al titular de Interior y al presidente del Gobierno como los 'instigadores' del informe policial en su contra, tal y como informa Sergi Tarín.

'Cuando a Rubalcaba no le dan la razón los jueces, utiliza a la Policía', sostuvo Costa, quien aseguró que no tenía intención de dejar su cargo y negó que él fuera la persona que negociaba con Álvaro Pérez, El Bigotes, los pagos en negro por actos del partido. El número dos del PP valenciano anunció que iban a presentar una denuncia 'contra los autores' del informe.

Pero lo más importante fue que, por primera vez, Costa admitió que su formación se había equivocado al trabajar con la empresa Orange Market y se reconoció como interlocutor en las transcripciones difundidas por el documento de la Brigada de Policial de Blanqueo de Capitales. 'Son conversaciones que habitualmente se tienen entre la dirección de un partido y proveedores que quieren cobrar una deuda', señaló.

Sin mirar y con paso rápido, Camps sorteó a los periodistas, remitiéndose a las declaraciones de su mano derecha. Comentó que estaba concentrado preparando el debate sobre el estado de la comunidad, que se celebrará el próximo 29 de septiembre en las Cortes regionales, y añadió que el informe no aporta ni una sola prueba sobre una presunta contabilidad irregular.

Por su parte, Vicente Rambla, vicepresidente del Consell, comunicó que se había querellado contra El País y la Ser por injurias contra su persona. Según el documento, Rambla, que hasta ahora había quedado al margen de la trama dirigida por Francisco Correa, conocía lo que estaba ocurriendo. La visión de Rambla choca con la de Costa, para quien los responsables son los autores del informe y no los medios. Un matiz que pone de relieve la falta de sintonía entre ambos y que se acentúa en las transcripciones telefónicas que se recogen en el informe.

Ayer los conservadores valencianos estaban revueltos. El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, salió 'a poner la mano en el fuego' por sus compañeros. Y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aprovechó para decir que ella las tenía 'limpias'. Solo el presidente del PP en la provincia de Alicante y de la Diputación, José Joaquín Ripoll, se descolgó del cierre de filas. 'Si se demuestra, es un hecho muy grave y habría que tomar medidas', destacó el conocido líder de los zaplanistas.

Algunos miembros del PP plantean elecciones anticipadas en la Comunitat Valenciana. Otros piensan que Rajoy debería mover ficha de una vez por todas. La espera desespera a las filas conservadoras.

Ayer, varios de sus dirigentes se mostraban nerviosos y preocupados. Piensan que su jefe arriesga mucho apoyando tanto a Camps porque al final se 'puede achicharrar los dedos'. Y bufan cuando se les pregunta por todo este asunto. 'Rajoy deja que pase el tiempo confiando en que esto escampe y se está complicando cada vez más. Ya no estamos hablando de unos trajes. Es muy grave', señalaba un diputado. 'La tesis del montaje no tiene mucha credibilidad', reconocía otro.