Cinco años de crisis han dejado más de un tercio de la población catalana en riesgo de pobreza y de exclusión social, un 14% de los hogares con dificultades para llegar a fin de mes y más de 95.000 hogares catalanes sin ningún tipo de ingreso.

Ante tal escenario, una Iniciativa Legislativa Popular ha llegado al Parlament para reclamar que se establezca una renta mínima ciudadana para que los más necesitados puedan tener unos ingresos asegurados. Sixte Garganté, profesor de Derecho del Trabajo de la Universitat Pompeu Fabra, y Jordi Arcarons, catedrático de Economia aplicada de la Universitat de Barcelona, son los portavoces de la Comisión Promotora de la ILP para una Renta Garantizada de Ciudadanía, además de los autores del libro Rescatem les persones (Icaria Ed.).

La iniciativa legislativa popular (ILP) para una Renda Garantizada de Ciudadanía se encuentra ya en el Parlament. ¿Ha calado el mensaje en la sociedad? ¿En los partidos políticos?

S. Garganté: En la sociedad, sí. En el Parlament, hay cuatro formaciones que apoyan esta Renta: PSC, ERC, ICV-EUiA y CUP. Las otras tres, con diferentes matices, no dicen tampoco que no. En el caso de CiU, considera que ahora no es el momento, porque no hay dinero. Si se muestra a favor es, primero, porque esta Renta, que supondría -según nuestra propuesta- la percepción de 664 euros al mes, está recogida en el Estatut de Catalunya, y segundo, por decirlo de alguna forma, porque el perfil de la pobreza se ha modificado radicalmente como consecuencia de la crisis económica y, en estos momentos, también hay pobres de CiU.

J. Arcarons: Pero todo este aparente apoyo se contrapone con la entrada al Govern de CiU, que liquida el PIRMI -Renta mínima de inserción- al considerar, al menos este fue su discurso público, que era el principal problema de fraude que había en las cuentas públicas.

¿Qué coste tendría para la Generalitat la implementación de la Renta Garantizada de Ciudadanía?

S.G: El coste ahora mismo no lo puede decir nadie, ni tan solo el mismo Govern de la Generalitat porque no hay datos para calcularlo. No hay datos fiables desde el 2012.

J.A: Hicimos unas proyecciones de cálculo fundamentadas en los últimos datos conocidos. Se necesitan más datos para poder calcular la Renta con garantías. El cálculo de lo que supondría la RGC es complejo, ya que tiene en cuenta toda una serie de indicadores para poder acceder a ella. Con los datos existentes en el 2012, el coste de una Renta de este tipo sería de unos 2027 millones de euros, con poco más de 640.000 beneficiarios.

S.G: En la actualidad, se podrían hacer cómputos similares para llegar a una conclusión parecida.

¿Qué indicadores se tendrían en cuenta para poderse beneficiar de esta renta básica?

S.G: Para acceder a la RGC, deberíamos saber quién tiene derecho a la prestación y qué datos públicos tenemos al alcance para poder calcularla. En el primer caso, tendrían derecho todos los mayores de 18 años, sin límite alguno de edad. Además, sería individual, lo que implica introducir un elemento de complejidad, ya que a la prestación podría acceder más de una persona en el mismo núcleo familiar de convivencia. Esta Renta tendría también un carácter suplementario. Es decir, se accedería, una vez agotadas las anteriores prestaciones a las que se tuviese derecho y garantizaría 664 euros al mes.

Funcionaría como un último freno.

S.G: Un ejemplo claro para entender esto sería el caso de una mujer que recibe únicamente una pensión de viudedad de 440 euros. Con la aplicación de la RGC tendría derecho a percibir una cantidad suplementaria que le permitiese alcanzar este nivel fijado en los 664 euros al mes.

En el caso de las prestaciones, nos podemos encontrar, por ejemplo, que si uno no recibe ningún tipo de prestación, no puede acceder a los descuentos que ofrece el transporte público en Barcelona, y si se cobra el paro, sí.

J.A: Es una auténtica locura y no se acaban de entender los requisitos que se imponen para alcanzar cualquier tipo de prestaciones.

S.G: Este carácter suplementario del que hablamos tiene diversas funciones. Una de las más importantes es dar respuesta a la dispersión de competencias que se da entre el gobierno central y los autonómicos. Si Catalunya establece esta Renta, a la que se podría acceder renunciando a rentas del Estado inferiores a esos 664 euros, automáticamente en Catalunya cualquier persona empadronada podría acceder a estos derechos de forma más fácil.

Arcarons cree que con la RGC se generaría un consumo que revirtiría dinero al Estado vía IVAAparte de estar empadronado, ¿qué otros requisitos contempláis como necesarios para cobrar la RGC?

Estar empadronado y, en el caso de los extranjeros, tener la residencia. En nuestra propuesta, si en el núcleo familiar se dan más beneficiarios, serían 664 euros más el 70% de esta RGC sí son dos, un 40% más que se sumaría por un tercer miembro, etc. Cuantas más personas formen parte de la unidad familiar más irían disminuyendo las ayudas individuales.

El discurso de los recortes ha puesto el énfasis muchas veces en el carácter desincentivador de las ayudas, que son vistas casi como un regalo del Estado por no trabajar.

J.A: El acceso a la RGC incluye obligaciones. Estaría vinculada a la búsqueda de empleo, pero no estaría condicionada a compromisos de inserción socio-laboral o formación. Tampoco estaría sujeto a disponibilidades presupuestarias, pues pensamos que es un derecho básico. Es el discurso oficial y habitual. Que cada uno se ponga en esa situación. Con esos 664 euros. ¿No buscaría trabajo? ¿No querría mejorar su situación?

S.G: La Renta incluye la obligación de aceptar una oferta de trabajo adecuada, que es un concepto ya regulado en la Unión Europea, y que significa que durante el primer año es adecuada cualquier oferta de un trabajo similar al desempeñado hasta la pérdida del anterior puesto laboral. A partir del segundo año, cualquier trabajo, pero que no suponga una movilidad obligada y con respeto a la dignidad.

¿La aprobación por el Parlament de Catalunya de una medida de este tipo serviría de estímulo económico?

J.A: Primero, y esto es lo principal, ayudaría a disminuir la pobreza. Estos 664 euros no son una cifra caprichosa, son los que marcan el indicador de suficiencia económica, que además hace cuatro años que no se toca. Una persona es considerada pobre en Catalunya si sus ingresos están por debajo de este umbral. Lo que decimos es que si se aprueba esta iniciativa, no habría pobres, en el sentido legal, evidentemente. Si elegimos otros indicadores, la cosa puede cambiar mucho. La Unión Europea usa el 60% de la mediana nacional de los ingresos por unidad de consumo -que son los ingresos totales del hogar entre el número de miembros-.

S.G: En este terreno hay una doble vertiente. ¿Es rentable? Y, ¿por qué? El Govern de la Generalitat no debe pagar los 2.000 millones que hablábamos, sino las 12 pagas. Ayudaría primero a subsistir, lo que quiere decir, consumir.

Sin ingresos, poco consumo puede haber...

S.G:Seguir como estamos. Irse a vivir de la pensión de los abuelos. Es una opción...

¿Son aún reversibles las consecuencias de la crisis económica?

J.A: Creemos que con la aplicación de la RGC se paliaría una parte. Se podría generar un consumo, por pequeño que fuese, que acabaría revirtiendo, vía IVA, impuestos, etc, en las mismas arcas del Estado. Cualquier política de recuperación económica en un momento de crisis pasa por incentivar el consumo.

El Gobierno de Rajoy parece que ha optado por otro camino.

S.G: Y el de la Generalitat también. Este movimiento a favor de la Renta, la campaña de la ILP por llevarla al Parlament, nace en julio de 2011, cuando se decide liquidar el PIRMI. Había 90.000 familias que lo cobraban.

J.A: Y ésta era la campaña de limpieza, vinculada a la lucha contra el fraude, y de paso, contra la inmigración. Este era el discurso publicitario de la Generalitat. Su excusa. Si leemos el preámbulo del decreto que suprime el PIRMI, dice claramente que como cada vez habrá más parados y más solicitudes para cobrarlo, si no paramos ahora, no podremos pagar en el futuro. Son palabras textuales. Es su justificación. Y pasan la pelota al gobierno central. Es un discurso sobre todo que incide en los presuntos excesos de los inmigrantes, y en especial, de las mujeres.

Sixte Garganté y Jordi Arcarons durante la entrevista. Francesc Sans

¿La pobreza le sale cara al Estado?

S.G: Sí, es evidente. Es un factor muy estudiado. En ayuntamientos como el de Terrassa desde 2008 y hasta 2013 el incremento del gasto municipal en becas-comedor, ayudas a niños, etc, ha sido del 300%. Es un gasto que sirve para que las familias puedan comer o acceder al transporte público. Sin el PIRMI, han sido los ayuntamientos los que han tenido que asumir ese gasto y poner el dinero.

¿Este aumento de gasto público en los municipios catalanes es extrapolable a otras zonas?

S.G: En todos los cinturones industriales y en los barrios populares se da. En Barcelona, en Madrid, etc. Este incremento tan fuerte está claramente relacionado con el índice de paro.

J.A: La administración, en este caso la Generalitat, debe garantizar unos mínimos a sus ciudadanos, es decir, a todos. En una coyuntura de bonanza económica, la mayoría de la gente trabaja y cotiza. Si que hay una bolsa de pobreza cronificada contra la que es necesario luchar, pero esto se da en todas las sociedades. Si una persona pierde su trabajo, tiene derecho a una pensión contributiva. En estos momentos la situación es que la protección del Estado ha desaparecido.

¿Fuera de los despachos del gobierno, se ven signos de recuperación económica?

J.A: ¿Alguien se cree esto? Es el discurso que debe hacer la derecha. Sólo están creando falsas expectativas. La EPA del último trimestre de 2013 es clara, la ocupación cae un 1,9%. Los datos del año anterior señalan una caída en la ocupación del 5,6%. La conclusión es obvia. La población activa también ha disminuido. Hablamos de que la tasa de actividad económica ha descendido. Tenemos ya datos que dicen que la gente que marchaba fuera ahora empieza a retornar. Las condiciones fuera son iguales, y en algunos casos, peores. Si uno va a Alemania, es probable que sólo encuentre un minijob. Cuando comenzamos con esto, nos dijeron que todo iría mejorando, y no ha sido así. El panorama es más negro que antes.

S.G: El número de personas que no cobran ninguna prestación se ha incrementado en los últimos años. En la Unión Europea no hay nadie que resuelva esto, claramente va a peor.

¿Qué nos espera?

S.G: No hay que ser pesimista, pero el futuro es el que es. Cinco años de políticas neoliberales no han demostrado que se haya elegido el camino correcto. El 25% de la economía sigue siendo sumergida, lo que amortigua algo el impacto, pero con un 70% de paro juvenil...

¿La economía sumergida funciona como un freno de emergencia ante la pobreza? ¿Resta capacidad de movilización también?

S.G: No la frena. Ya no. Creu Roja e Intermón señalan ya que muchos pobres tienen trabajo. Es sólo un mecanismo de contención.

J.A: Es una medida paliativa para una situación de pobreza que ha llegado a extremos que no son tolerables por la propia sociedad.

¿Alguna administración está creando algún tipo de herramienta de lucha contra la pobreza?

S.G: CiU ya comienza a hablar de racionalizar el gasto en pobreza. En 2013, se dedicaron unos 500 millones de euros, pero no se sabe muy bien en qué se lo gastan. El PIRMI tiene un coste de 170 millones de euros, que aún no han pagado. Todo funciona a base de ayudas, y nosotros lo que planteamos es que se lo gasten en derechos. CiU reconoce que debe hacer algo porque los efectos de la pobreza ya han pasado sobre el inmigrante, ahora alcanzan al tendero y al autónomo, que se queda con el culo al aire.

Una medida ensayada este año contra la pobreza energética es el aplazamiento del pago de las facturas hasta pasado el invierno.

J.A: Estamos hablando de dónde puede salir ese dinero que cubra unos derechos básicos de las personas. En este caso, ha salido de una moratoria negociada con las empresas suministradoras. La RGC se cubriría simplemente con una moratoria negociada con los bancos. La Renta se podría pagar sólo con parte de los intereses que está pagando la Generalitat a las entidades bancarias.

S.G: Si se ha sido capaz de negociar con las eléctricas una moratoria de cuatro meses en el pago de las facturas, ¿por qué no lo intentan con la Caixa, el Banco de Santander, el BBVA, el Banc de Sabadell...? además del banco alemán y el fondo estadounidense de capital riesgo a los que se pagan esos intereses. Los bancos reciben dinero del BCE a un 1,5% de interés, y a la Generalitat le cuesta un 5,6%. El 6% del presupuesto de la Generalitat se va en el pago de intereses.

¿Es la principal prioridad de la Generalitat?

S.G: La Generalitat gobierna para pagar intereses. Desde el 2008, la Generalitat ha pagado unos intereses bancarios superiores a los recortes en educación, sanidad y otras partidas afectadas. La realidad es que los recortes en educación y sanidad se han hecho para pagar los intereses a los bancos.

¿Se llevará a cabo una auditoría sobre la deuda?

J.A: No lo creemos.

¿La crisis ha servido también para recortar la democracia?

S.G: Por supuesto, pero hay otro problema. ¿Cómo queremos que la gente participe, se movilice, si las desigualdades se han multiplicado? Cuanto mayor es la desigualdad económica y social, menor es la participación. En nuestro caso, estamos preparando acciones concretas con la PAH. De momento debemos esperar. A principios de verano sabremos algo de la tramitación de la ILP. Por eso mismo hemos pedido una tramitación de urgencia, para evitar que se tramite en septiembre u octubre y el debate acabe solapado por la consulta del 9 de noviembre. Si pasa esto nadie se enterará demasiado de la iniciativa.

J.A: España es el segundo estado de la Unión Europea, tras Letonia, con el índice de Gini -que mide la desigualdad en los ingresos-,  más elevado. Por encima de Portugal y de Grecia.

La situación es poco esperanzadora.

S.G: Sobre todo desincentiva la participación ciudadana. Las ganas de luchar se deben canalizar y organizar para conseguir, o intentar, generar un cambio. La ILP que reclama la Renta Garantizada nace de las asambleas de parados. Aprovechan el propio Estatut de Catalunya que reconoce este derecho para reclamar que se ponga en marcha. Pero la gente se esconde de la pobreza, en cambio no se esconde de las estafas bancarias, porque aquí nos encontramos un mecanismo de propiedad y un  adversario bien visible, el banco o la caja de ahorros.

J.A: En la lucha contra la pobreza, el enemigo no se visualiza de forma tan evidente, por eso introducimos el datos de los intereses bancarios que paga la Generalitat de Catalunya.