Las calculadoras de los técnicos de Hacienda echan humo desde hace semanas. El ministerio de Economía se ha pasado el último mes ajustando hasta el último euro de la financiación local y casi sin un día de descanso, sobre la mesa de los responsables de la Hacienda estatal hay un nuevo sudoku: reducir las cotizaciones sociales de los empresarios en dos puntos sin tocar las cotizaciones a las pensiones ni subir impuestos.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, reconoció ayer que los interlocutores sociales estaban ya en conversaciones con Hacienda para estudiar 'el margen y la disponibilidad presupuestaria' que existe para un recorte de cotizaciones.

Hasta ahora, los expertos externos a la negociación social (como fundaciones o bancos) abogaban por una subida del IVA como la fórmula óptima para compensar el recorte de las cotizaciones. Sin embargo, Corbacho descartó ayer esta posiblidad y declaró tajante que: 'no está en la agenda bajar cuotas y subir impuestos'.

Según los cálculos de CCOO, cada punto de menos a la Seguridad Social son 3.500 millones de euros de ingresos. Según estos cálculos, la rebaja de dos puntos supondría un coste de 5.250 millones durante un año, ya que 0,5 puntos se financiarían con los excedentes de las mutuas de trabajo.

El Gobierno maneja unas cifras algo inferiores, y cree que llevar a cabo la medida los dos próximos años supondría un coste para las arcas del Estado del orden de 8.500 millones de euros.

Cualquiera de las dos cantidades es imposible de asumir para la Seguridad Social sin entrar en déficit, por lo que el Gobierno está buscando un mecanismo de compensación que no eleve los impuestos ni afecte a la sostenibilidad del sistema.

Entre hoy y el lunes el Gobierno desvelará esta estrategia por la que logrará rascar esos miles de millones de las cuentas del Estado. Aunque el Gobierno lograra la fórmula mágica, habrá que esperar a ver la reacción de los agentes sociales a la propuesta. CCOO ya ha advertido de que se negará en rotundo a una rebaja de ese calado pero UGT parece que sí aceptaría el recorte.

Por su parte, los principales interesados, los empreasrios, iniciaron sus reclamaciones con una rebaja de dos puntos que ahora han subido a cinco, por lo que podrían desestimar la oferta. Además, CEOE quiere que el recorte que se haga sea estructural y la oferta del Ejecutivo no contempla un horizonte más allá de dos años.