Si la educación pública de una autonomía no garantiza el derecho de un alumno a escolarizarse en castellano, el Estado abonará el coste de su enseñanza en un centro privado, detrayendo el importe de las transferencias autonómicas de esa comunidad. Así lo recoge la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que incluyó esta medida para 'garantizar' el uso del castellano como lengua vehicular en la escuela en todos los  territorios del Estado, reforzando al tiempo la idea difundida por algunos partidos políticos de que el castellano es marginado en algunas comunidades autónomas con lengua propia.

Sin embargo, una de las primeras apelaciones a la misma no parece precisamente encajar en esa leyenda. Así al menos lo refleja la reclamación de una familia de Xirivella, una gran población pegada a Valencia, que ha decidido acogerse a la medida para solicitar al ministro José Ignacio Wert el coste de la escolarización de su hija en un centro concertado de otra localidad, al no haber podido escolarizarla en su lengua en ningún centro público de la suya. ¿La peculiaridad de su caso? Que la educación a la que se le ha negado el acceso es la impartida en valenciano.

Apelando al 'principio de igualdad', el padre de la niña afectada reclama al Ministerio de Cultura el abono de 17.000 euros (fruto de la suma de los gastos en concepto de matriculación, transporte y comedor) por los 4 años en que su hija se ha visto afectada por la imposibilidad de escolarizarse en valenciano en la educación pública. Y todo al tiempo que solicita al ministerio que actúe en su caso 'con igual celo, interés y resultado que presta a aquellas familias que, tan legítimamente piden que sus hijos sean escolarizados en la lengua oficial del Reino de España en aquellas comunidades autónomas con lengua propia'.

Cientos de familias en el País Valenciá esclarizan a sus hijos en castellano pese a no ser la opción deseada  'El de esta niña no es un caso excepcional, pero sí lo es que una familia que no puede escolarizar a sus hijos en valenciano emprenda la vía de la reclamación judicial para obtener una victoria que, cuando se produce, ya no les afecta a ellos, sino a otras familias', apuntan a Público fuentes de Escola Valenciana, organización cívica que vela por la normalización lingüística del valenciano en todos los ámbitos de uso y especialmente en el educativo.

A pesar de ello, la familia que ahora reclama a Wert por esta situación, también emprendió una batalla legal contra la Conselleria de Educación de la Generalitat valenciana. Una pugna que acabó el pasado año cuando el Tribunal Superior de Justicia dictaminó que la conselleria no había actuado conforme a Derecho al privar de la escolarización en el programa de inmersión lingüística -que garantiza que los alumnos dominen tanto el valenciano como el castellano- solicitada por 12 familias de la localidad.

Esa cifra de afectados por no poder recibir escolarización pública en su lengua en una sola población valenciana contrasta de manera notable con las 17 familias que pidieron escolarizar a sus hijos en castellano en toda Catalunya en 2012, cuya situación -entre otras similares- motivó la medida compensatoria de la Lomce. Y la cifra de alumnos valencianos que no acceden contra su deseo a recibir su educación en el programa de inmersión sería seguramente sorprendente si llegara a conocerse.

Sin embargo, la Conselleria oculta con celo esa cifra, si es que la calcula, y anualmente centenares de familias en el País Valencià acaban escolarizando a sus hijos en castellano pese a no ser la opción deseada. En cambio, esta semana no tardó en tratar de apagar el fuego que en Madrid pudiera generar la reclamación de esta familia, asegurando que la ley 'no se podrá aplicar con retroactividad' y actualmente en la localidad 'hay plazas de sobra en valenciano'. Algo a lo que sin duda contribuyó la sentencia del TSJ conseguida por esta familia. A pesar de todo ello, la Conselleria de Educación tiene previsto suprimir 155 unidades más de enseñanza en valenciano el próximo curso.