Las constructoras dicen estar 'muy preocupadas' por el impacto en la economía y en el empleo del recorte en 6.400 millones de la inversión en obra pública de este año y de 2011.

El ajuste obligará al Ministerio de Fomento, dirigido por José Blanco, a rescindir contratos de las obras poco avanzadas y a suspender temporalmente la ejecución de una parte importante de las aproximadamente 400 que están en marcha.

Las empresas cuentan con que se suspenderán unos 70 contratos aunque iban a ser más de 200 y Fomento lo reducirá y esperan que se aplacen obras no esenciales más de cuatro años, ya que podrían no recibir los pagos hasta 2015, según varias fuentes del sector.

Las constructoras alertan del efecto económico de reducir la inversión en infraestructuras. 'Por cada millón de euros que se deja de invertir, se pierden entre 15 y 18 empleos directos e indirectos', recordó ayer Juan Lazcano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), en una rueda de prensa sobre la rehabilitación de viviendas. Esto supone perder de 96.000 a 115.000 puestos de trabajo, que se añaden al millón de parados acumulados en la crisis.

En vez de recortar la inversión productiva, la patronal pide una 'acción de gobierno global' para reducir gastos no productivos' y evitar así que 'desaparezcan empresas', además de 'buscar ingresos'. Entre las vías, Lazcano propuso una tasa de carburantes y una sobre vehículos pesados por el uso de las carreteras españolas (la denominada euroviñeta que ya se aplica en Alemania).

Ante este escenario, es 'vital para sobrevivir' que se ponga en marcha el Plan Extraordinario de Infraestructuras de 17.000 millones, dijo Lazcano. El sector asume que se retrasa hasta después del verano. El Ministerio de Fomento, por su parte, insiste en que no hay nada cerrado sobre el ajuste, que el ministro concretará en breve.

Ante este panorama, las constructoras buscan que se impulse la rehabilitación para compensar en una pequeña parte el parón. La patronal pidió ayer cambios fiscales para que haya más demanda de reformas de viviendas y 'luchar así contra el pago en dinero negro'. Lazcano admitió que 'la principal traba que está poniendo el Ministerio de Economía es el límite de la deducción', que sólo puede ser aprovechada por rentas de menos de 53.000 euros al año. También propone reducir el IVA a todo tipo de obras ligadas a reformas de vivienda..

Por otro lado, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, opinó ayer que 'los brotes verdes' en el sector inmobiliario 'no son tan pequeños', sino que 'tienen una entidad esperanzadora', contradiciendo así al conseller de Habitatge catalán, Francesc Baltasar, informa Glòria Ayuso.