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La reforma laboral afronta el martes su examen parlamentario

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La recién nacida reforma laboral española se enfrenta mañana al veredicto de sus señorías en el Congreso de los Diputados con la idea general de que no tendrá grandes dificultades para recibir el visto bueno y pasar a su posterior tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley.

El martes, la Cámara Baja deberá votar la convalidación del Decreto que regula el mercado laboral español, que fue aprobado la semana pasada por el gobierno.

Observadores políticos creen que el Ejecutivo, que no tiene la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, contará con una mayoría suficiente.

"No creo que el Gobierno tenga problemas para salvar la convalidación de este decreto ya que los partidos pretenderán, una vez que tienen un texto básico para analizar (el borrador), introducir modificaciones a cambio de ganar peso político", dijo un analista, que pidió el anonimato.

Con las intenciones de voto declaradas hasta el momento, el Gobierno estaría ya en el umbral para lograr la convalidación, a la espera de lograr la abstención de al menos cuatro diputados más.

El Partido Nacionalista Vasco (PNV), cuarta fuerza parlamentaria con seis escaños, indicó el lunes que se abstendrá en la votación, mientras que los nacionalistas catalanes de Convergència i Unió (CiU) han dejado ver la posibilidad de que apoyarían el paso del Decreto Ley a Proyecto de Ley, lo que implicaría un voto de abstención o favorable a su convalidación.

También ha indicado que se abstendrá Unión Progreso y Democracia (UPyD), que cuenta con un escaño, el ocupado por su líder Rosa Díez, mientras que Coalición Canaria (CC), con dos asientos, dijo que votaría a favor o se abstendría.

Por su parte, el Partido Popular (PP), principal partido de la oposición con 154 escaños, no ha anunciado su intención de voto, pero no ha cerrado la puerta a ninguna opción.

La anterior y reciente convalidación del Decreto para recortar el déficit en 15.000 millones de euros adicionales en 2010 y 2011 fue aprobada por el Congreso por un solo voto, gracias a la abstención de CiU (10 escaños), Coalición Canaria (dos escaños) y UPN (un asiento), y el voto favorable del gobernante PSOE, que tiene 169 diputados, sobre un total de 350.

Al convalidarse con tramitación con rango de Proyecto de Ley, el Decreto permite la concurrencia de los distintos grupos políticos parlamentarios en la elaboración del texto. Aquellas medidas incluidas en el Decreto entraron ya en vigor tras la publicación en el BOE una vez aprobado por el Consejo de Ministros.

En el caso de que el Congreso no convalidase el Decreto, éste tendría que retirarse, lo que significaría un revés político de gran envergadura para el Gobierno.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha defendido la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo con el argumento de que está diseñada para modernizar el mercado laboral en respuesta a los nuevos retos económicos y sociales.

Pero los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), han expresado su rechazo frontal a esta nueva normativa con la convocatoria de una huelga general el próximo 29 de septiembre.

Según los agentes sociales, este Decreto menoscaba los derechos fundamentales de los trabajadores al contemplar un abaratamiento del despido.

En un sentido contrario a los sindicatos, los empresarios también han criticado la reforma laboral por no abordar los aspectos más controvertidos del mercado laboral.

Por su parte, el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que siempre ha defendido la indexación de los salarios a la productividad, ha sido criticado por Corbacho por hacer un análisis parcial del asunto.

"Según el Gobernador del Banco de España, el mercado financiero y la falta de créditos no han tenido nada que ver y todo el problema está en la negociación de los convenios colectivos. No se puede ser más parcial en un análisis", dijo Corbacho en una entrevista divulgada el lunes por El Mundo.

Sin embargo, tanto esta reforma como las de contenido fiscal adoptadas recientemente por el Gobierno han recibido el beneplácito de Europa y del Fondo Monetario Internacional, que las han calificados de necesarias y valientes.