Por Carlos Ruano

Una vez formalizada la reforma laboral - previsiblemente la semana próxima - economistas y analistas se cuestionan si el Gobierno español será capaz de revisar un sistema de pensiones que puede comprometer la estabilidad presupuestaria del país a medio y largo plazo.

"El coste de pensiones actual equivale al 9,7 por ciento del PIB y será superior al 15 por ciento en las próximas décadas", dijo el economista y matemático César Molinas. "Vamos a pasar de 8 a 15 millones de pensionistas y eso supone una gran tensión presupuestaria".

El otrora exitoso sistema de pensiones español se benefició de una pirámide de población con pocos jubilados y muchos trabajadores. En los años 70, con una población de 34 millones de personas, había 20,4 millones de trabajadores y sólo 3,3 millones de jubilados. Este hecho permitió que en el pasado los excesos obtenidos por la seguridad social financiasen incluso la sanidad pública del país.

Sin embargo, en base a proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, la pirámide se invertirá en 2050, con 53 millones de habitantes, de los cuales 22 millones trabajarán y 15 millones estarían jubilados, con muchos años de cobro de pensión por delante gracias al aumento en la esperanza de vida.

"Se trata de un problema estrictamente demográfico", dijo Molinas. "La idea que hay que aceptar es que los Reyes Magos son los papás. El dinero hay que sacarlo de algún sitio".

Como la mayor parte de los economistas, Molinas aboga por un aumento en la edad de jubilación, más años trabajados para el cálculo y el cobro de la pensión y un recorte de la tasa de reposición (porcentaje del último salario que queda de paga).

Según cálculos de la OCDE, la tasa de reposición de las pensiones públicas en España es de alrededor del 80 por ciento, una de las más altas de los países miembros de la organización.

El castigo de los mercados a España, reflejado en una pérdida de valor de la bolsa de un 25 por ciento en lo que va de año y un diferencial de deuda con Alemania en máximos de 200 puntos básicos, refleja entre otras muchas cuestiones las dudas sobre la sostenibilidad económica de un país con cuatro millones de parados que pretende cumplir en 2013 con el compromiso de reducir el déficit público al tres por ciento del PIB.

"A los mercados ya no les vale la voluntad política y eso se está viendo cada día en las primas de los bonos o los movimientos de la bolsa", dijo un analista de un banco español. "La reforma de las pensiones es clave, no sólo desde un punto de vista estrictamente económico, sino también de imagen para los mercados".

En este sentido, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea, ha promovido un documento bajo el título: "Para preservar las pensiones hay que actuar ya", en el que asegura que la evolución demográfica previsible hace insostenible el sistema tal y como está planteado.

SIN VOLUNTAD POLÍTICA

El documento, suscrito por un centenar de economistas, ha sido llevado al Congreso, donde uno de sus adheridos, César Molinas, trató sin éxito de convencer a los grupos políticos representados en el Pacto de Toledo sobre la necesidad urgente de emprender las reformas.

"Sus Señorías no tienen el más mínimo sentido de la urgencia", se quejó Molinas. "Es urgente prevenir futuros desequilibrios financieros en nuestro sistema de pensiones".

El economista, que fue director de estrategia para Europa de Merrill Lynch, dijo que ante la falta de voluntad política sería necesaria la creación de una comisión independiente que pudiese elaborar un Libro Blanco para reformar un sistema que, en su opinión, es inevitable.

"Acordar una reforma gradual de las pensiones es una iniciativa gratis y que daría una credibilidad importante (...) A largo plazo es el primer problema presupuestario de España", dijo Molinas.

"La reforma que no hagamos nos la van a hacer", sentenció.

De hecho, la Unión Europea, que obligó al gobierno español a presentar recientemente medidas adicionales para recortar el gasto público en 15.000 millones de euros entre 2010 y 2011, ya advirtió al país que un crecimiento sostenible a largo plazo requeriría medidas adicionales, entre ellas, una reforma del sistema de pensiones.

El gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ya "midió" el pulso político sobre este asunto- considerado de gran coste político- cuando en febrero de este año introdujo una serie de posibles medidas para reformar el sistema que provocaron un gran alboroto social y político.

incluídos en el Programa de Estabilidad remitido a Bruselas - habían sido "malinterpretados".

Este hecho demuestra que el Gobierno enfrenta un ejercicio de equilibrio casi circense entre la necesidad imperiosa y el deterioro de su imagen y posibilidades políticas.

Sin apenas apoyos en el Congreso, con amenaza de elecciones anticipadas, el rival Partido Popular en posición de mayoría absoluta según los sondeos, amenazas sindicales de huelga general, empleados públicos descontentos por bajada de sueldos y una tasa de paro superior al 20 por ciento, el Partido Socialista está presionando al Ejecutivo para minimizar las medidas impopulares.

"A Zapatero le llueven las críticas dentro de su propio partido y eso dificulta aún más tomar el toro por los cuernos", dijo el economista de un banco español. "El problema es que, al final, pueden ser los mercados o la propia Unión Europea quien dicte las medidas a tomar y eso tendría un coste adicional".

"En un plazo razonablemente breve debería encargarse la elaboración de un Libro Blanco a una comisión de expertos independientes", opinan los economistas que suscriben el documento de Fedea. "El Libro Blanco debería ser presentado de forma creíble, como el primer paso de la reforma, por lo que debería haber un compromiso previo del Pacto de Toledo para impulsarla siguiendo el dictamen de la Comisión".