El establecimiento de una carga máxima de trabajo "razonable", la revisión de la planta judicial, la supresión del traslado forzoso por ascenso y la mejora de las retribuciones son algunas de las demandas que las cuatro asociaciones judiciales llevarán mañana al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), integradas en la llamada Comisión Interasociativa Permanente, aprobaron el pasado día 12 la siguiente tabla común de reivindicaciones:

- OFICINA JUDICIAL.- Los jueces reclaman la "efectiva y urgente instauración" de la misma, que les liberará de muchas funciones para permitir que se dediquen a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pero advierten de que "en ningún caso" debe privárseles de la facultad de señalar los juicios y vistas, que la reforma legal aprobada por el Gobierno atribuye a los secretarios judiciales.

- NUEVAS TECNOLOGÍAS.- Las asociaciones exigen la solución urgente de la conexión informática entre Juzgados de distintas Comunidades Autónomas, que actualmente son "incompatibles", y el establecimiento de un sistema de alerta en materias especialmente sensibles, que les permita, por ejemplo, saber al momento si un imputado en su Juzgado tiene causas pendientes en otro.

- FORMACIÓN.- Exigen una "formación esencial básica" para todos aquellos que pretendan acceder a funciones relacionadas con la Administración de Justicia de carácter interino y que se asegure "la inmediata cobertura de vacantes mediante personal titular".

- CARGA DE TRABAJO.- Los magistrados piden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano competente para ello, que establezca la carga máxima de trabajo "razonable" que puede asumir cada Juzgado y exigen que no se vincule "al establecimiento de sistemas productivistas para la retribución de la actividad judicial".

- PLANTA JUDICIAL.- Piden una revisión en profundidad de la misma, creando o suprimiendo Juzgados donde se precise para asegurar una carga equitativa del trabajo. Según las asociaciones, en muchos lugares no es necesario incrementar el número de Juzgados, "sino tan solo el número de jueces en cada demarcación, con el mismo número de funcionarios, a través de una organización correcta, buenos servicios comunes y medios informáticos adecuados".

- SUSTITUCIONES.- Arbitrar un sistema adecuado y eficaz de sustituciones judiciales mediante jueces titulares.

- CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR.- Fundamentalmente piden la supresión del traslado forzoso por ascenso, que hace que muchos Juzgados en localidades pequeñas queden vacantes cuando su titular sube de categoría y es obligado a ocupar otra plaza en otro sitio.

- RETRIBUCIONES.- La demanda principal se refiere a la mejora de la retribución de los servicios de guardia.

Éstas no son las únicas demandas de la carrera judicial, como demuestra el documento suscrito por varios jueces decanos el pasado día 14, en el que exigen a Justicia que en cinco años el número de jueces por cada 100.000 habitantes -que en España es de 10,1- se homologue con la media europea, donde la ratio es de 19,8.

Los jueces decanos también pidieron el incremento en ese mismo plazo de la inversión en Justicia -que en los últimos Presupuestos Generales del Estado era del 1,5 por ciento del PIB- hasta el 3,5 por ciento y que la nueva Oficina Judicial se implante "con fecha límite del 1 de enero de 2010".

Más detallada aún es la tabla de reivindicaciones aprobada el pasado día 21 por los magistrados de la provincia de Barcelona, que incluye puntos como el que la jubilación alcance el cien por cien de la retribución que se cobre en ese momento, eliminado el límite que establece el Pacto de Toledo, con el argumento de que los jueces tienen "más incompatibilidades que cualquier otro trabajador".

Los jueces barceloneses también piden un día de descanso tras cada guardia y que el Gobierno renuncie a implantar los llamados "jueces de proximidad" -que se encargarían de los asuntos de menor entidad en las grandes ciudades y que podrían ser abogados o profesores universitarios- al considerar que si se incrementa la planta judicial ya no serán necesarios.