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Renault y Ford culpan al Gobierno de inacción

Le reclaman más ayudas y que capte financiación europea

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Los gobiernos de EEUU, Alemania y Francia están ayudando al sector del automóvil y, en cambio, el español, cuya industria es la más afectada en toda Europa, no mueve un dedo. Es la gran crítica que lanzaron ayer los responsables nacionales de Ford y Renault, para los cuales el Plan Integral de Automoción de Industria no sirve 'para nada'.


Para el sector urge modificar la fiscalidad, hacer más atractiva la producción, un Plan Vive eficiente, captar financiación europea y mejores infraestructuras. 'Las necesidades están ya muy claras. Lo que hace falta es pasar a la acción', afirmó el presidente de Renault España, Juan Antonio Fernández de Sevilla en un acto en Barcelona. A su juicio, si la situación este año es mala, 'el que viene será peor' y 'un expediente de regulación de empleo (ERE), por temporal que sea, puede llegar a ser definitivo'. Para el presidente de Ford, José Manuel Machado, 'el Plan Integral es más burocracia, y no hemos visto medidas nuevas para reducir costes y mejorar la competitividad', por lo que 'nadie se debería sorprender si dejamos de hacer cosas aquí'.


El Consejo de Ministros prevé reformar el viernes el Plan Vive, incluyendo a los vehículos a partir de 10 años de antigüedad y ampliando las ayudas a compras superiores a los 20.000 euros de límite actual.
Los fabricantes reclaman ayudas aún más decididas, pero Industria les responde que Economía no se aviene a poner el dinero necesario, dijo ayer el presidente de Renault. 'El plan va a morir otra vez', añadió Machado.


Recorte de General Motors
El presidente de la asociación de fabricantes, Francisco García Sanz, reclamó al Gobierno que capte las ayudas europeas para lograr que el coche eléctrico se produzca en España. 'Hay peligro de que la inversión se vaya a otros países', advirtió. Y no negó que el anuncio de ayer de General Motors de reducir un 20% la producción y la jornada laboral en Europa afectará a España. La multinacional norteamericana se propone reducir un 10% los costes estructurales.