Hace dos meses, en una entrevista con este periódico, el ministro de Trabajo dijo que si la situación del paro se deterioraba, otras administraciones deberían arrimar el hombro para fortalecer la red de protección de los desempleados. La primera parte del silogismo se ha cumplido (hay desde entonces 356.000 parados más), y las comunidades autónomas han ideado fórmulas para amortiguar el desastre del mercado laboral. Pero las iniciativas son dispares y a veces confusas, de tal forma que más que reforzar la red de protección social parecen intentos de zurcir rasgones que se han producido en ella. Las propias rentas básicas de inserción, que son el instrumento que pueden utilizar las comunidades autónomas para asistir a personas sin recursos (como los parados sin prestación) y evitar así su exclusión social, son muy heterogéneas, y distan de estar generalizadas.

La situación del mercado laboral es pésima, y con toda probabilidad irá a más. Un reciente informe de la Comisión Europea señala que España es el segundo país de la UE, tras Letonia, con el porcentaje de población más elevado en riesgo de pobreza (un 20%). Las comunidades autónomas deberían hacer un esfuerzo de cohesión y establecer pautas consistentes de ayuda a las personas que no tienen medios para afrontar la crisis. Una segunda idea, de desarrollo y aplicación mas sencillos, sería que fuera el Gobierno central el que creara una renta básica de inserción a nivel nacional, de manera que el tratamiento de las ayudas fuera homogéneo. Pero da la impresión de que la hucha de Solbes hace tiempo que se rompió y que difícilmente el Estado podría absorber un coste de esa naturaleza. Cuando vienen mal dadas, todos le pedimos al Estado un esfuerzo adicional, pero sus ingresos también están en crisis, y reclamaciones como esa pueden llega a amenazar su solidez económica.