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El Estado retendrá tributos a los municipios que no paguen por sus proveedores

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El Estado retendrá parte de los tributos cedidos a los ayuntamientos si éstos no conciertan las operaciones de endeudamiento previstas para pagar a sus proveedores o en caso de que incumplan las que acuerden.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el real decreto aprobado ayer en Consejo de Ministros por el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación, en el que se prevé que los acreedores que acepten una quita tengan prioridad en el cobro.

La operación podrá conllevar la cesión al Estado de los derechos de la entidad local en cuanto a su participación en los tributos del Estado "en la cantidad necesaria para hacer frente a la amortización de las obligaciones de pago".

En el caso de que las entidades locales no concierten la operación de endeudamiento citada o cuando la hayan concertado e incumplan con las obligaciones de pago derivadas de la misma, el Gobierno "efectuará las retenciones que procedan con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su participación en los tributos del Estado".

Además de los proveedores que acepten una rebaja serán considerados prioritarios los pagos que hayan sido exigidos ante los Tribunales de Justicia antes del 1 de enero de 2012, así como las deudas más antiguas.

Los ayuntamientos deberán remitir a Hacienda por vía telemática y con firma electrónica antes del 15 de marzo una relación certificada de todas las obligaciones pendientes de pago a fecha de 1 de enero de 2012.

Las entidades locales permitirán a los contratistas consultar su inclusión en dicho listado, y, en caso de no constar, los acreedores tendrán derecho a solicitar la emisión de un certificado individual, que el propio ayuntamiento deberá enviar al Ministerio de Hacienda.

Una vez remitida la relación certificada, y en caso de no hacer frente a las obligaciones reconocidas, se elevará al pleno de la corporación local un plan de ajuste para su aprobación antes del 31 de marzo.

Treinta días después el departamento que dirige Cristóbal Montoro decidirá la viabilidad del plan y, en su caso, autorizará la operación de endeudamiento para poder acceder al plan de financiación, que probablemente incluya al ICO y a las entidades financieras.

Puesto en marcha todo este proceso, como pronto en mayo, los contratistas podrán hacer efectivo el abono en las entidades de crédito, lo que conllevará la extinción de la deuda contraída por la entidad local por el contratista por el principal, los interesas, costas judiciales y cualquier otro gasto accesorio.

Las organizaciones que representan a los proveedores de las administraciones cifran la deuda de Gobierno, comunidades y ayuntamientos en unos 40.000 millones.